Sábado, 11 de Julio del 2020
Indicador Político

El populismo región 4 de Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido una venta de expectativas demagógicas; en octubre del 2013 Maduro anunció la creación de un Viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo, pero al final esa oficina quedó en una instancia burocrática sólo para atender solicitudes ciudadanas de ayudas.

La fórmula de la felicidad del pueblo sería la siguiente:

El gran debate dentro del gobierno y entre los factores de la producción no es el coronavirus, sino el proyecto económico posneoliberal convocado sin definirlo. Ahí, en esa discusión, se está jugando su suerte el gobierno de la 4T.

Las tres preguntas que se tienen que hacer sobre las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior, son las que no se quieren hacer: si no son los militares, entonces quién garantizará la seguridad del Estado y la sociedad; la razón de la existencia de los militares y marinos es la seguridad y a eso irán; y cuál sería la alternativa inmediata, ya, para combatir el reflujo de las bandas criminales.

La campaña contra las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en grado de seguridad interior quiere dejar al Estado, al gobierno y a la sociedad a merced de la delincuencia en todos sus niveles. Las cifras en aumento de la inseguridad y los delitos son un aviso de que la actual estructura de seguridad pública ha sido rebasada por la criminalidad y que se requiere de un dique de contención.

A pesar de que aún debe determinarse de manera oficial si el pequeño cartel en La Huacana, Michoacán, es real o pantomima, de todos modos su comunicado tiene elementos para revelar una crisis declarada de seguridad interior, porque anuncia el posicionamiento criminal de una parte de la soberanía territorial del Estado nacional.

Sin tener suficientes datos sobre su capacidad real de fuego, su control dominante de zonas territoriales, su configuración real de efectivos, sus objetivos específicos como banda delictiva y sus acuerdos específicos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la aparición del grupo armado Cartel Zicuirán Nueva Generación en La Huacana, Michoacán, prendió focos de alarma en el mapa regional de seguridad del Estado federal.

Sin analizar el escenario de la inseguridad, ni la reconfiguración del crimen organizado, ni la letalidad de las bandas, ni el regreso de capos a controlar municipios y funcionarios, la percepción de fracaso de la Guardia Nacional y la calificación de militarización a la participación constitucional de militares en seguridad pública es engañosa y al final beneficia a las bandas criminales que nunca han querido a los militares como guardianes de las leyes.

La primera lectura mediática del decreto para la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido parcial, para decir lo menos, pero no desde la óptica de los enfoques de seguridad nacional que rigen formalmente en el Estado desde el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

El decreto del lunes para ordenar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sorprendió porque no estuvo precedida de algunos mensajes preparatorios. Sin embargo, su contenido implica un reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad pública ante algunos indicios de inteligencia sobre la reactivación de las bandas criminales en el escenario de la pandemia del coronavirus.

Como no había ocurrido antes, el gobierno lopezobradorista debería aprovechar la recomendación de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial para una segunda convención nacional hacendaria y adelantarse presentando una reforma fiscal de veras, integral, como instrumento redistribuidor del ingreso y la riqueza y con cargas para imponerle contribuciones a la plusvalía o riqueza personal/empresarial derivada de la producción.

En el fondo y no muy en el fondo, las “68 recomendaciones (ideas) para el acuerdo nacional” del Consejo Coordinador Empresarial y sus doce organismos patronales están exigiendo un recetario ortodoxo-neoliberal a la urgencia mexicana de reactivar cadenas productivas dentro del Tratado de Comercio Libre por las presiones estadounidenses.

Si algunos restos se encontraran debajo de los escombros sociales y económicos del coronavirus, sin duda que serían los despojos del Estado populista y del Estado neoliberal.

La ofensiva fiscal del SAT, el vaciamiento de fideicomisos, el recorte de personal público, la iniciativa de ley presupuestal a favor del ejecutivo y, entre otras, las presiones sobre el Banco de México, revelan la principal crisis del Estado y del gobierno: el ingreso fiscal no alcanza para financiar el gasto, menos con la agenda de compromisos del gobierno actual y en peores condiciones por la caída de los ingresos tributarios por el frenón productivo por el coronavirus.

El viernes 1 de mayo el expresidente Ernesto Zedillo publicó en la revista Este País el texto base de su participación en el manifiesto de notables para encarar la pandemia del coronavirus. La intención de sus argumentaciones se puede resumir en pocas y esquemáticas palabras: salvar al neoliberalismo (el capital), afectando el nivel de vida de las masas.

Una de las virtudes de todo discurso social radica en la identificación de los problemas de las crisis sociales, pero uno de sus defectos es que no logra aterrizar una propuesta alternativa de desarrollo con distribución de la riqueza. Casi siempre se queda en una zona intermedia que alivia algunos problemas sociales, pero a costa de potenciar desequilibrios macroeconómicos.

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