La aprobación de la Ley de Educación del Estado de Puebla generó una desfazada reacción del conservadurismo poblano. Este fin de semana varios medios de comunicación hicieron eco del reclamo de organizaciones de escuelas privadas que sintieron lastimados sus intereses con la nueva legislación.
El reclamo básicamente se enderezó sobre una supuesta intervención desmedida del gobierno estatal en la educación privada. Acusan y sugieren que incluso la propiedad privada está en riesgo. Algo ya muy común con los conservas trasnochados que siguen con la cantaleta del comunismo y Venezuela. Una caricatura, pues.
La realidad es que les molesta mucho que la nueva legislación tiene un enfoque de equidad que reconoce plenamente que la educación no es una mercancía, sino un derecho y un servicio público a cargo del Estado, que, por supuesto, puede ser impartido por particulares, siempre y solo si, cumplen con los estándares y asumen el sentido igualador de la educación.
Pero, ¿qué dice la Ley de Eduación local? Bueno, el Artículo 105 establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación, incluidas las escuelas privadas forman parte del Sistema Educativo Estatal (SEE). ¿Es esto una expropiación decretada por ley? Obvio, no.
Veamos, la propia Ley, en el Artículo 15, establece que el SEE es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado, en todos los niveles, así como las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad, los centros de población, sus organizaciones, sectores y familias.
Queda claro, entonces, que los bienes de las escuelas privadas no están en riesgo. Sino que muy pertinentemente, la nueva ley estatal en consonancia con la legislacion general, reconoce que los espacios físicos, materiales, pizarrones, bancas, salones, accesos, todo ese entorno en donde se desarrollan las y los educandos, también son parte y deben considerarse en el proceso educativo.
Ahora, no es fortuito que el conservadurismo vea amenzados sus intereses con una ley de educación con un enfoque de equidad. En su concepción del mundo la educación debe ser un privilegio al que solo tengan acceso quienes pueden pagarla. Para ellos es razonable que te obliguen a comprar uniformes y útiles en un lugar determinado; que aún pagando algunas escuelas pidan recomendación o referencias para permitir el ingreso y garantizar que sean de “buena familia”; o que te retengan los documentos si hay alguna controversia. Todo eso se acabó.
La nueva Ley de Eduación es un avance sustancial en el camino de una educación con equidad, una educación igualadora y el entendimiento de que la educación es más que solo un maestro dando clase, sino un proceso complejo en que importan mucho los espacios e inclusive la seguridad y accesibilidad de los mismos.
Finalmente, ellos quisieran que no hubiera ordenanza alguna para sus escuelas privadas, pero el caso del Colegio Rébsamen en la Ciudad de México nos recuerda que estas instituciones no están exentas de la irresponsabilidad de sus dueños y que, en todo caso, por ser un servicio público el Estado debe responder y someterlas a los más altos estándares de regulación y supervisión poniendo por encima de todo a las y los estudiantes.