El pasado jueves 23 de abril el presidente de México envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que es la norma básica que rige todo el ciclo del Presupuesto federal. La propuesta establece la facultad de la Secretaría de Hacienda de realizar la reorientación de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) – aprobados por las diputadas y diputados – hacía los programas y acciones prioritarias del gobierno y para fomentar la actividad económica, atender emergencias de salud y programas de beneficio a la sociedad, todo en el contexto de una emergencia económica.
Como toda iniciativa, esta enmienda pasará su proceso legislativo que implica la posibilidad de fortalecer algunos de sus aspectos. Sin embargo, lo que vale la pena resaltar es que el Ejecutivo Federal hace un planteamiento frontal y abierto de modificación presupuestal radical y ejecutiva frente a emergencias económicas.
Cuando leí la propuesta, recordé el trabajo de Leonardo Núñez, un investigador de mexicanos contra la corrupción, Presupuesto egresos ficticio En el documento se consigna la amplísima flexibilidad que tiene el Ejecutivo Federal para ejercer el presupuesto y modificarlo durante el ejercicio fiscal con prácticamente ningún límite y sin intervención del Poder Legislativo.
Para darnos una idea, el trabajo revela que en 15 años, de 2000 a 2015 el gobierno gastó 3.37 billones de pesos más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esto, derivado de una estimación de ingresos sistemáticamente inferior a la que realmente se observaba, lo que permitía recursos adicionales durante el ejercicio fiscal cuyo destino fue decidido de manera absolutamente discrecional por el gobierno. Y ¿en qué creen que se lo gastaban?, el documento describe que entre los cinco rubros en los que hubo mayores incremento como porción de los que originalmente tenían asignados fueron, entre otros, las remuneraciones a personal de carácter transitorio, transferencias a fideicomisos y los servicios de comunicación social.
No solo eso, la tesina analiza también los ajustes presupuestarios al interior del propio gobierno, es decir, los aumentos y disminuciones en los rubros específicos aprobados en el PEF. Utiliza un ejemplo muy bueno, la Secretaría de Gobernación en 2015, donde no hubo un aumento significativo de recursos, pero sí movimientos muy interesantes al interior de su presupuesto. Por ejemplo, dice el documento “El caso más extremo es la Dirección General del Centro de Control de Confianza… tuvo 84 % menos presupuesto del asignado originalmente. Igualmente, entre las áreas afectadas se encuentran las oficinas encargadas de los derechos humanos, la prevención social o la atención a las organizaciones sociales.”
Hago esta referencia porque me parece interesante que las críticas a la iniciativa sean en el sentido de señalar un intento del Ejecutivo de apropiarse y gastar el presupuesto de manera discrecional; cuando es evidente que eso se podría hacer con el actual marco legal. Por el contrario, el Gobierno de México está haciendo una propuesta de ajustes sin simulación, nos está diciendo que a pesar de que podría hacerlo en la clandestinidad, ha decidido abrir el debate público sobre la reorientación del presupuesto en el contexto de una crisis y hace su planteamiento: una fórmula radical y ejecutiva.
No puedo dejar de señalar que mientras los gobiernos neoliberales utilizaron los ajustes presupuestarios para burocracias doradas, guardaditos en fideicomisos y gastos de comunicación social, el gobierno obradorista busca esta reforma para fortalecer los programas para las y los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con dispacidad, los campesinos y campesinas y en general los grupos más vulnerables. ¡Qué diferencia!