El periodista Carlos Loret de Mola presenta una investigación periodística sobre el patrimonio de Irma Eréndira Sandoval y su esposo -el académico Ackerman- y la secretaria de la Función Pública, al mismo tiempo que se reclama inocente de corrupción, reclama que sufre violencia política de género.

 

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, cuestionada desde Casa Aguayo por la nula actuación de la policía municipal contra las bandas del crimen organizado, reclama que sufre violencia política de género desde diversos flancos. Se victimiza cuando se le acusa de victimaria.

 

La presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, cuestionada por la calidad de su gobierno, también reclama violencia política de género.

 

Total, el concepto de violencia política de género se convierte en el escudo ideal para toda mujer dedicada al ámbito de la política, el gobierno o la vida pública, para eludir cualquier cuestionamiento o crítica.

 

El concepto de violencia política de género como escudo para evitar la rendición de cuentas al que deben estar sometidos todos, sin distinción, que se dedican al gobierno y a lo público.

 

Por supuesto, el concepto de violencia política de género es parte de esas medidas de discriminación positiva que tuvieron utilidad en su momento para proteger la participación política de las mujeres, hasta ese momento absolutamente inequitativa.

 

Pero en 2013 se aprobó la trascendental reforma de la paridad de género, que garantiza el 50% de candidaturas en puestos de elección popular en el Senado y diputaciones federales, así como para diputaciones locales.

 

A diferencia del concepto de cuota de género -una medida compensatoria y temporal-, la paridad de género es una medida definitiva en las leyes electoral que garantiza, por siempre y para siempre, el 50% de candidaturas. La igualdad política definitiva.

 

A nivel federal, por primera vez se aplicó esa paridad de género en la elección federal de 2015, y después de forma universal, en 2018. A nivel local incluso, se llevó hasta presidencias municipales y planillas de regidores.

 

Como consecuencia de esa reforma, los partidos políticos tuvieron que “inventar” cuadros políticos femeninos para llenar los espacios. La notoria desventaja que tuvieron las mujeres por décadas terminó, pues hoy hay más mujeres que nunca al frente de alcaldías, más regidoras que nunca, así como diputadas locales, federales y senadoras.

 

Sin ser una obligación legal, los poderes ejecutivos federal y estatal se alinearon a la reforma para tener gabinetes paritarios: otorgar 50% de las secretarias de estado a hombres y 50% a mujeres. Así está fue conformado el gabinete de López Obrador y el de Luis Miguel Barbosa.

 

Si legalmente está garantizado el acceso al 50% de candidaturas y puestos gubernamentales de primer nivel, y si la igualdad política ya es definitiva incluso a nivel gabinete, ¿Por qué debe continuar existiendo esa medida de discriminación positiva llamada “violencia política de género”?

 

¿Cuál es su sentido?

 

Las activistas del feminismo dirán que debe continuar existiendo porque la igualdad es formal, no material, ya que en la praxis política continúan los hechos y palabras discriminatorias. Sin embargo, se trata de una visión subjetiva que jamás podrá ser normativa.

 

Si los textos legales y la jurisprudencia electoral han hecho que la igualdad política sea plena, ¿debe seguir existiendo la violencia política de género?

 

No en mi opinión, ya que se ha convertido en un escudo para las mujeres que desempeñan un cargo público o un puesto de elección popular para eludir cualquier tipo de rendición de cuentas.

 

 

Basta una crítica, un señalamiento, para que inmediatamente clamen “violencia política de género” y con eso pretenden detener las críticas a su desempeño público. ¿Se vale ese escudo cuando, por fin, hombres y mujeres se encuentran en un rango de igualdad en la vida pública?

 

Que se abra el debate ahora que viene la reforma electoral que se aplicará para Puebla