Todos los cañones apuntan hacia Claudia Rivera Vivanco en la recta final de su gobierno fallido. Escapó con vida de su primer fusilamiento en la Comisión Inspectora, pero otras pruebas le esperan en las siguientes semanas.
De forma optimista, la idea de la alcaldesa es que continuará en la vida pública de la entidad, como afirmó ayer en su Segundo Informe, pese a la evidencia en las encuestas de que los poblanos piensan en sentido contrario y jamás volverían a votar por ella.
Un cerco se cierra sobre la presidenta, y cuando todos los cazadores apuntan a la presa, no se sabe cuál será la bala definitiva.
Su suerte depende del desenlace en Morena, pues ayer Bertha Luján, la presidenta del Consejo Nacional, invitada estelar al informe, se descaró en favor de la elección de Rivera Vivanco. Se nota que no vive aquí, aunque sus intereses estén depositados en ella.
Lo había adelantado en este espacio: el clavo ardiendo al que Claudia se aferra es a la victoria del clan golpista Gabriel García-Bertha Luján-Ramírez Cuéllar-Muñoz Ledo. Si ellos se quedan con la dirigencia –ya tienen la Secretaría General con Citlalli Hernández–, han apalabrado que la candidatura recaiga en género femenino, lo que en los hechos es un aval a la reelección pese a su abierta impopularidad.
Lo que Claudia no se ha preguntado es qué pasará si gana Mario Delgado la encuesta que se va a levantar la próxima semana para resolver la Guerra Mundial Morena.
Ese futuro parece ominoso. Por lo menos tres cañones le apuntan directamente.
Uno es la Comisión Inspectora. La diputada presidenta Olga Romero tiene que sacarse la espina luego del papelón de la semana pasada cuando dejó ir a su presa con aires de diva. El documento presentado por Claudia es prueba plena que puede fungir como confesión y derivar tanto en denuncias penales como en procedimientos administrativos.
Otro es la Fiscalía General del Estado, pues ahí reposan las denuncias interpuestas tanto por Jesús Zaldívar como por los regidores del G5 por la corrupción en el proceso de adquisición de las 27 mil despensas que supuestamente se repartieron en la pandemia.
En el DIF Municipal llevan semanas rearmando el expediente de la adquisición para que, en caso de urgencia, se corte la cabeza de funcionarios menores, cuando en el entramado real se encuentra Mayte, la hermana de la presidenta.
La denuncia penal, además, será robustecida con el testimonio de una ex empleada del DIF que atestiguó tanto las irregularidades en la adquisición, como en el armando de las despensas.
Un tercer frente se abrió ayer cuando el Tribunal Estatal Electoral (TEEP) resolvió que era ilegal el recorte del bono de 60 mil pesos que se otorga cada cuatro meses a los regidores. Por unanimidad, los magistrados determinaron notificar al Congreso sobre ese abuso para que, con base en la Ley Orgánica Municipal, se estudie la revocación de mandato.
No es lo único, pues también se dará vista a la Fiscalía por falsedad de declaraciones del tesorero Armando Morales, quien declaró que el mentado bono no existía.
Una última bala es la más escondida, pues desde la UIF y las instancias locales se da seguimiento a los movimientos patrimoniales de Andrés García Viveros, el alcalde tras el trono de la alcaldesa.
Bajo el principio de que se oculta la mano que roba pero no la que gasta, se detalla el enriquecimiento inexplicable del panista que coloca a todos los proveedores del Ayuntamiento en comunión con el concubino Roberto Zataraín, al que la UIF también ya da seguimiento.
Todos los cañones se activarán el día en que Porfirio Muñoz Ledo oficialmente deje la contienda interna de Morena. Ese día, todo el arrojo y valentía mostrado por Claudia no valdrá nada.