Por coyuntura histórica, por obligación ética, llegó la hora de que el gobierno de Luis Miguel Barbosa tome Susana Distancia del errático gobierno federal de AMLO en su estrategia para enfrentar la pandemia.

 

Lo digo con todas sus palabras: el gobierno de Puebla no debe ser cómplice de la negligencia criminal que ahorra dinero en pruebas para detectar casos de COVID-19 y deja al contagio como hecho de la naturaleza que no puede ser combatido, desoyendo las recomendaciones de la OMS. Pruebas, pruebas y más pruebas.

 

El gobierno de Barbosa también será enjuiciado por la Historia y hasta ahora ha tomado las decisiones correctas al margen de la polémica por sus declaraciones sacadas de contexto.

 

El propio gobernador anunció que invertirá en la adquisición de macrodespensas que durarán un mes para las 500 mil familias en pobreza extrema, especialmente las ubicadas en la zona metropolitana, para paliar la hambruna que se avecina.

 

Parece poco pero esas macrodespensas para un mes de duración pueden ser la diferencia entre el caos social y la violencia. Y para quien lo dude, que se acuerde cómo comenzó la Revolución Francesa: por hambruna.

 

Esas macro despensas contendrán varios kilos de arroz, frijoles, azúcar, leche, amaranto, proteína. Para un fifí no hará diferencia, pero para los miles de poblanos que viven al día en pobreza extrema sí lo hará.

 

Su nuevo secretario de Seguridad Pública, Raciel López, en coordinación con el fiscal Higuera Bernal, lograron frenar de momento los saqueos a tiendas de autoservicios. Detuvieron a un instigador que lo hacía en redes sociales desde Cuautlancingo y todo se calmó.

 

Salud estatal no ha perdido un minuto en la reconversión de hospitales aun con recursos propios, sin esperar dinero del mal nacido y peor ejecutado INSABI.

 

 

El gran bunker será el Hospital General de Cholula, construido en tiempos de Moreno Valle, pero también ya se reconvierten los de Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán y el CESSA de Izúcar

.

Además, el gobierno estatal ya se moviliza para la compra de ventiladores, más camas de hospital y todos los implementos para la protección de los trabajadores del sector salud. No se quedaron con los brazos cruzados.

 

Además, reaccionaron rápido al lanzar plataformas tecnológicas para que los potenciales portadores del virus pudieran comunicarse para la realización de las pruebas.

 

El desempeño de Salud hasta ahora ha sido ejemplar, pues salvo el caso de la familia Zanella que no notificaron a la secretaría, se dio un extenso seguimiento para seguirle la pista a todos los potenciales contagiados.

 

 

La última gran medida fue el acuerdo con Agua de Puebla para suspender los cortes  a usuarios domésticos y dar especial atención a la prestación del servicio en hospitales, mercados, escuelas y zonas vulnerables.

 

En apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, el servicio del mes de abril para usuarios de uso comercial, con un consumo mínimo de hasta 50 metros cúbicos, correrá por cuenta de Agua de Puebla en el caso de empresas que no tengan adeudos mayores a seis meses, y se difiere hasta diciembre de 2020 el pago de los servicios de mayo, junio y julio para todos los usuarios de uso comercial con consumos de hasta 90 metros cúbicos.

 

Pero en un punto especial el gobierno de Barbosa debe tomar Susana Distancia: en el Programa Centinela del Gobierno federal que establece que sólo a 1 de 10 se les harán pruebas para confirmar el positivo al COVID-19. Es algo criminal.

 

Barbosa deberá invertir cuantiosos recursos para que todos los poblanos tengan derecho a hacerse la prueba y así poder aislar en cuarentena estricta a los positivos, y a los casos graves darles cauce hospitalario.

 

¿Cuántas pruebas? Por lo menos 100 mil, 200 mil, e invertir lo que sea necesario. No estamos para ahorrar en eso porque lo importante es salvar vidas.

 

Estoy seguro que así lo harán porque el juicio de la Historia espera.

 

Y nadie querrá ser arrastrado por los errores que cometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta crisis pandémica.