Nicolás Galindo Márquez, alcalde priista de Jalpan, se niega a cumplir con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordena ofrecer disculpas públicas a dos regidoras que fueron víctimas de violencia política de género por su parte, por lo que impugnó la sentencia.

El misógino presidente municipal niega que Nora Teresa Barba Hernández y Amalia Juárez Castillo sean convocadas a las sesiones del Cabildo y pidió que fueran retiradas de sus oficinas; una de ellas no recibió sus remuneraciones con el fin de obstaculizar sus funciones sólo por el hecho de ser mujer.

Galindo Márquez impugnó ante la Sala Superior del TEPJF la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que le ordenó reparar el daño causado a una regidora por violencia política de género.

El alcalde interpuso un recurso de reconsideración, que quedó registrado con el expediente SUP-REC-125/2020 en contra de la sentencia, que declaró fundados los agravios de la regidora Nora Teresa Barba Hernández y determinó que la actuación del edil ha significado la continuidad de la violencia política de género en perjuicio de la integrante del Cabildo.

La impugnación fue turnada a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cabe señalar que el pasado 16 de julio los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales, promovido por Barba Hernández, quien señaló que el alcalde y el secretario general del Ayuntamiento no la convocaron a sesiones de Cabildo.

En sesión dictaron medidas para reparar integralmente el daño causado a la concejal, las cuales consisten en que Nicolás Galindo asegure que ella conozca cada una de las convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias, notificarla personalmente y proveer lo necesario para que conozca el día, hora y los puntos de las sesiones.

El alcalde misógino de Jalpan deberá abstenerse de llevar a cabo actos de violencia política de género o cualquier otro que repercuta en la afectación del ejercicio al cargo de ambas, y ordenó dar vista al Congreso de Puebla, así como a la Contraloría del Ayuntamiento para determinar la responsabilidad que corresponda.