Pese a  las presiones a los diputados y diputadas de Morena a través de WhatsApp, finalmente avalaron la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta con la cual se termina con los privilegios de las escuelas privadas, como el exceso en el aumento de sus colegiaturas o negar el servicio de educación por falta de pago.

Los diputados de la LX Legislatura del Congreso de Puebla aprobaron la Ley de Educación del Estado, después de haber transcurrido 12 de discusión, el debate se centró en las disposiciones de la nueva ley que afectaban directamente a las escuelas privadas.

Durante el transcurso de la sesión las diputadas de Morena, Vianey García Romero y Nora Merino Escamilla, denunciaron que estaban siendo amenazadas a través de mensajes de WhatsApp y a sus correos institucionales para que votaran en contra de la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por su parte, la fracción panista presentó una serie de reformas para que el gobierno no interviniera en los cobros de las colegiaturas de las escuelas privadas, propuesta presentada por Oswaldo Jiménez, además de que las multas no fueran aplicadas a las instituciones que niegan la entrega de documentos personales o académicos a personas por falta de pago.

Por su parte, la fracción priista propuso al inicio de la discusión de la reforma educativa se debatiera en un parlamento abierto donde se incluyeran representantes de educación pública y privada, así como a padres de familia; por su parte el diputado Gabriel Biestro Medinilla informó que la nueva Ley se trabajó meses atrás tomando en cuenta las opiniones de diferentes sectores de la sociedad.

Revisiones anuales a escuelas privadas

Sólo dos reservas que hacen modificaciones a la Ley de Educación de Miguel Barbosa Huerta fueron aprobadas por los diputados locales, las cuales están enfocadas en la inclusión, las responsabilidades, y las obligaciones de las universidades privadas al ingresar al Sistema Educativa Estatal.

La primera reforma aprobada fue presentada por la diputada morenista Barbara Dimpna Morán Añorve, la cual tenía dos similares de Rocío García Olmedo y Mónica Rodríguez Della Vecchia; la modificación fue al artículo IX fracción 18 para especificar que sólo permanecerán al Sistema Educativo Estatal las instituciones privadas que tienen Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES) por parte de las autoridades estatales.

 Mientras que la segunda fue al artículo 146 para que se establezcan lineamientos específicos para las revisiones anuales que realizará la Secretaría de Educación Pública del Estado, tanto a escuelas públicas como a particulares, así como para darle seguimiento a las denuncias presentadas por el incremento injustificado de denuncias.

Mantienen sanciones contra escuelas privadas

Ante la aprobación de la Ley de Educación propuesta por Miguel Barbosa Huerta en lo general y en lo particular, los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia se impusieron a los panistas, y terminaron con el lucro de las universidades privadas al aprobar sanciones contra el alza de las colegiaturas o la retención de documentos sin ninguna modificación.

Los diputados mantuvieron las sanciones de hasta 600 mil pesos por la retención de documentos académicos y/o personales por falta de pago, además podrán ser sancionadas las instituciones privadas que obliguen a sus educandos a comprar uniformes o materiales para que puedan permanecer en la escuela.

Asimismo, el Gobierno del Estado podrá investigar a petición de un estudiante o padre de familia, el alza de los cobros de las instituciones privadas al servicio de educación sin haber sido justificados bajo las aplicaciones de la correspondiente ley, lo cual podría derivar en una sanción.

Finalmente, se mantuvo intacto el artículo que le impide a la BUAP o a cualquier institución pública de educación superior evitar la fiscalización de sus recursos estatales y municipales, pues tendrán que colaborar en todo momento con las instituciones del estado para saber en qué se están suministrando los recursos según su planeación.