Pertenecen a la Udlap y Upaep 191 de los casi mil 500 investigadores que dejó desamparados el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 26 universidades privadas de todo el país por los recortes presupuestales del Gobierno federal.

De acuerdo con solicitudes de información al portal de transparencia que realizó el diario La Razón, el Conacyt finalizó convenios con 26 instituciones educativas privadas, por lo que al menos mil 498 docentes afiliados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dejaron de recibir apoyos económicos.

De estas instituciones hay seis universidades con presencia en el estado, pero no detalla el campus al que pertenecen los investigadores que quedaron desamparados, sin embargo, menciona que fueron 120 de la Universidad de las Américas Puebla, así como 71 de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla quienes dejaron de recibir el apoyo.

En tanto, de las universidades que se encuentran en el estado pero se desconoce la procedencia de los investigadores está el Itesm, quien fue el más afectado ya que cuenta con 647, seguido de la Universidad Iberoamericana con 147, después la Anáhuac con 93 y por último la Universidad del Valle de México con 49.

Mientras que el resto de investigadores afectados pertenecían al Itam con 98, mientras que la Universidad de Monterrey registró 85, Iteso 65, así como la Universidad La Salle 31, y otras casas de estudio no reveladas reportaron 92 docentes que se quedaron sin el apoyo.

Cabe destacar que estos investigadores recibían un apoyo económico dependiendo del rango al que pertenecieran, en tanto que el SNI sólo agrupa investigadores en áreas de Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biología y Química, Ciencias Médicas y de la Salud, Humanidades y Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias e Ingenierías.

En meses anteriores, el Gobierno federal disminuyó 75 por ciento del apoyo que se le brindaba a los centros de investigación como el Conacyt o el CIDE, pues fiel a su estilo el presidente Andrés Manuel López argumentó que con esta disminución en el presupuesto se pondría fin a los abusos y malas prácticas que se venían cometiendo en administraciones anteriores.