La alcaldesa  Claudia Rivera Vivanco y el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo fueron denunciados ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) por incurrir en actos de violencia política de género y discriminación contra Yasmín Nalleli Flores Hernández, funcionaria del Ayuntamiento de Puebla, quien ostenta el cargo de Coordinadora de Proyectos Estratégicos en el área de Presidencia.

Según información de CENTRAL, en la denuncia por violencia política de género que interpuso  Yasmín Flores acusa a la presidenta municipal de otorgarle un salario inferior al de los otros dos coordinadores del área que se encuentran dentro del mismo rango que ella en el organigrama.

Asimismo, la acusa de haberla amedrentado,  además de pedirle que dejara su primer cargo de coordinadora Ejecutiva de la Consejería Jurídica de la Presidencia porque en ese puesto se “necesitaba a alguien con carácter de hombre” y posteriormente mandarla a negociar con los alcaldes auxiliares por que la “necesitaba como mujer”, resaltando que 16 de los ediles subalternos son hombres.

También denunció ante la Fiscalía General del Estado el hostigamiento del que fue víctima el pasado 17 de julio cuando fue seguida por un automóvil que, días después, supo estaba asignado a la Secretaría de Gobernación de René Sánchez Galindo. Esa denuncia quedó en la carpeta de investigación 1476/2020/Cholula, el cual también se encuentra en manos de CENTRAL.

Lo más importante es que si la denuncia en contra de Rivera y Sánchez Galindo procede, ninguno de los dos podrá ser candidato a un cargo de elección popular para 2021, y la alcaldesa se olvidaría de la reelección, según lo marcan los lineamientos de la Ley Electoral y el Instituto Nacional Electoral, que incluso hace unos días abrió un proceso para el registro de los sancionados.

En su denuncia, Yasmín Flores pide que ambos sean anotados en dicho registro:

“Incluir a la Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco y al Secretario de Gobernación René Sánchez Galindo en la lista que habrá de elaborar el INE y el IEE respecto a las personas condenadas por violencia política de género”, señala la petición séptima.

En el documento sustentado con fotografías, versión estenográfica, un relato detallado de los hechos, fotografías, audios y cuya extensión es de 135 páginas, en el cual la funcionaria detalla que Javier Palou García, Coordinador Ejecutivo de Presidencia; así como Andrés García Viveros, Coordinador Ejecutivo de la Consejería Jurídica, perciben un sueldo neto de 44 mil 396 pesos mensuales, mientras que ella gana 40 mil, lo que menoscabó o anuló el reconocimiento que tiene como mujer profesional.

Además la funcionaria  comentó que, en un principio, fue contratada por el gobierno municipal para ostentar el cargo de Consejera Jurídica de Presidencia y posteriormente, fue obligada, por la misma Claudia Rivera a firmar su renuncia para así  ocupar el puesto de Coordinadora de Proyectos Estratégicos.

Expuso que, al momento de ser cambiada de área, la alcaldesa argumentó que “ya no le funcionaba como Consejera Jurídica”, pues en dicho puesto se necesitaba del “carácter de un hombre”, por lo que fue obligada a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción.

Aunado a esto, Yasmín Flores acusó que también fue obligada por la presidente municipal a sostener reuniones con los presidentes auxiliares para resolver conflictos pese a que no estaba en sus atribuciones.

“Le pregunté a la alcaldesa cuál era el proyecto específico que debía realizar a lo que me respondió que mi acercamiento con los presidentes era de mucha utilidad para sus proyectos políticos futuros dada mi condición de mujer al ser 17 presidentes y sólo una mujer. Nuevamente pregunté cuál era el proyecto que debía desarrollar bajo mi coordinación e incluso pregunté si los compañeros hombres se sumarían a lo que respondió: ´Aquí te necesito como mujer´”.

La funcionaria acusó que tras negarse a firmar el proceso de entrega-recepción por no estar apegado al proceso normativo, fue víctima de acoso e incluso aseguró que el 17 de julio fue seguida por un vehículo blanco marca Dodge Attitude con placa UBP-17-65, por lo que se refugió en un restaurante en la colonia La Paz.

En una reunión a la que fue convocada una semana después, se percató que la placa del vehículo estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, por lo que la minuta que estaba por firmar tenía la intención de mover el resguardo del vehículo a otra área y que esta no apareciera bajo resguardo de la dependencia a cargo de René Sánchez Galindo.

“Al mencionar que uno de los autos que se encontraba en el listado era el mismo que días anteriores me había estado siguiendo, la presidente municipal intervino para mencionarme que ella no tenía la necesidad de ganarse mi confianza, que era yo quien tenía que ganarme la suya y que ella no tenía por qué gastar recursos del erario en mí porque yo no era importante”.

La denunciante comentó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar el acoso del que ha sido víctima pues expresó que los hechos le provocaron bajar ocho kilogramos, sufrir ansiedad, estrés y miedo de salir a la calle o que le suceda algo a sus hijos.

Yasmín Flores respaldó su denuncia conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política de Género que emitió el TEPJF en 2015 en el que se considera como violencia política de género contra las mujeres a “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento , goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Solicitó que Claudia Rivera y René Sánchez Galindo cumplan con una indemnización por daños morales y psicológicos, así como una disculpa pública pues las acciones en su contra fueron basadas en roles y estereotipos “que menoscabaron su trabajo en la administración municipal”.

Ante esta situación, pidió al IEE y al TEEP dictar medidas cautelares, girar un exhorto hacia la presidenta municipal y el secretario de Gobernación para que se abstengan de realizar actos intimidatorios, además de que sean incluidos en la lista que elabore el IEE y el INE de personas condenadas por violencia política de género.

Finalmente, exhortó a que ambos funcionarios tomen cursos para prevenir la violencia política de género y de nuevas masculinidades.