Yasmín Flores Hernández obtuvo un amparo de la justicia federal en contra de su destitución, ordenada por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, de la Coordinación de Proyectos Estratégicos, sin que mediara alguna justificación, por lo que el Ayuntamiento de Puebla tiene 48 horas para dar un informe sobre la remoción de la hoy ex funcionaria municipal.

Flores Hernández fue destituida de su cargo luego de que el pasado 24 de agosto estuvo en incapacidad debido a un accidente automovilístico, lo cual le impidió continuar con sus labores, por lo que sin mediar explicación alguna, se le informó que estaba despedida.

De acuerdo al número de expediente 734/2020 que emitió el Juzgado del Distrito Numero 4 en poder de CAMBIO, señala que este amparo fue promovido debido a que Yasmín Flores Hernández fue despedida de manera ilegal, lo cual violó sus garantías de legalidad y seguridad jurídica como funcionaria pública, además de que su lugar de trabajo fue inhabilitado el pasado 31 de agosto, sin haber sido notificada con anterioridad por el gobierno municipal.

Por ello, el juez de Distrito ordenó suspender su destitución, con el fin de que el Ayuntamiento de Puebla otorgue un informe, en el cual especifiquen los motivos de la remoción del cargo, en un lapso de 48 horas, con el fin de iniciar con las averiguaciones, por lo que estará obligado a prever de un ingreso mínimo a la ex funcionaria durante el tiempo que se resuelva el procedimiento.

“De conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia fotostática de la demanda”, menciona.

Así la despidieron

En entrevista con CAMBIO, Flores Hernández informó que el pasado 24 de agosto sufrió un accidente automovilístico, lo que le impidió llegar a su lugar de trabajo, provocando que el Ayuntamiento de Puebla clausurara sus oficinas sin antes notificarle.

La ex funcionaria detalló que fue por medio de su particular que se enteró de que fue despedida por el Ayuntamiento de Puebla, por lo que mandó una carta oficio a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, y a la Contraloría municipal, a fin de recibir una respuesta sobre su destitución, misma que, a la fecha, no le ha sido entregada.

“El 24 de agosto sufrí un accidente automovilístico y me incapacita el Seguro Social (IMSS); ellos, el mismo día que yo me accidento y se enteran que no llegue a mi lugar de trabajo, lo primero que hacen es ir a clausurar mi oficina; efectivamente, lo hicieron con dolo, pensaron que yo dejé abandonado mi trabajo.

“No lo sé, nunca recibí una notificación sobre el tema del despido, la realidad de la incapacidad y de que me entero de manera económica por parte de mi particular, quien me indica que ya está sellada mi oficina; yo obviamente giro un oficio, tanto a la presidenta municipal, al contralor y a mi enlace administrativo, para saber la situación en la que me encontraba; a la fecha, nunca me contestaron dicho documento”, dijo.

Motivo por el cual Yasmín Flores acudió al Juzgado de Distrito 4 para solicitar un amparo, el cual ordenó suspender los actos que se realizaron en su contra, por lo que le fue notificado al Ayuntamiento que tienen un máximo de 48 horas para rendir el informe sobre su despido.

“Yo por eso promuevo mi amparo, el juez de Distrito en materia laboral me concede la suspensión provisional de los actos que se hayan llevado en mi contra para poder salvaguardar mis derechos laborales, le notifican al Ayuntamiento que tienen determinado tiempo para rendir su informe justificado de la situación en la que me encuentro; a este momento es un amparo indirecto y llevará su cauce natural”, finalizó

La ex funcionaria, en días pasados, denunció por actos de Violencia de Género y amenazas a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, y al secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE), así como una queja por violencia laboral ante la Comisión de los Derechos Humanos.