Jueves, 28 de Marzo del 2024

Despedidos del INEGI irán a procuraduría federal para que se les respeten finiquitos

Martes, 07 Abril 2020 02:12
Despedidos del INEGI irán a procuraduría  federal para que se les respeten finiquitos

Verificadores provenientes de distintos municipios de Puebla cesados por el instituto adelantaron denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para defender sus liquidaciones y contraprestaciones.

José Campos

@josecamp11



Tras haber acudido a Casa Aguayo para que sean apoyados por los despidos injustificados y la disminución de su salario sin una respuesta favorecedora, los verificadores del INEGI de distintos municipios de Puebla anunciaron que presentarán denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que les respeten su pago de finiquito y contraprestaciones.


Después de una serie de amenazas sobre ser inhabilitados de cualquier nivel de gobierno en caso de no querer firmar su renuncia una semana antes de que venciera su contrato, los verificadores del INEGI han decidido iniciar una guerra jurídica contra el organismo gubernamental para que les sea respetado su finiquito.


Ayer por la tarde un grupo de trabajadores del INEGI acudieron a Casa Aguayo para buscar el apoyo de las autoridades estatales para que les respetaran sus pagos, pero las instancias correspondientes les refirieron que no era de su competencia, pero les sugirieron presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, vía por la que optaron la mayoría de los quejosos.


CAMBIO documentó que los verificadores del INEGI estaban siendo engañados para firmar su renuncia bajo el pretexto de que era la hoja de entrega de su equipo de trabajo, al percatarse de tal hecho decidieron abstenerse de firmar dicho documento hasta que no se esclarecieran los hechos.


Posteriormente se les pidió su renuncia formalmente una semana antes de que terminara su contrato, además se les anunció que no recibirían el pago que se había estipulado en el acuerdo original ya que sus días laborales habían disminuido; los trabajadores también fueron amenazados con ser inhabilitados para trabajar en cualquier dependencia federal, estatal o municipal en caso de presentar una denuncia en contra del organismo.