El órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, 7 de cada 10 presos no han recibido una sentencia condenatoria que determine su inocencia o culpabilidad.
De acuerdo con datos de MILENIO, el centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, es el reclusorio con mayor porcentaje de reos en espera de una resolución judicial entre los Centros Federales de Readaptación Social que se encuentran en operación.
Entre los casos más relevantes que todavía no ha sido resueltos por un juez se encuentra el proceso que enfrenta José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, quien es acusado por la desaparición forzada de 43 normalistas y que recibió un auto de formal prisión en diciembre de 2020.
También se encuentra José Antonio Yépez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien tras un año preso en el Altiplano aún espera que le dicten sentencia por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en México, quien fue arrestado en Cancún, Quintana Roo, a finales de mayo y que se encuentra en nuestro país gracias a que sus abogados promovieron un amparo.
En los procesos judiciales por el delito de secuestro se vive la misma historia que con los delitos relacionados al crimen organizado, pues sólo cuatro de 27 reos se encuentran cumpliendo una condena por sus delitos, mientras que el resto se encuentra en medio de un juicio.
El caso de Israel Vallarta es sin duda uno de los más longevos. En 2005 fue capturado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, junto con su entonces pareja, la francesa Florece Cassez, por presuntamente secuestrar a tres personas; sin embargo, tras más de 15 años no se le ha dictado una sentencia por secuestro.
Sobre este panorama, la investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Christel Rosales, explicó que gran parte del problema de la falta de sentencias se debe al uso excesivo de medidas cautelares como la prisión preventiva, la cual prevé un plazo máximo de 2 años de duración.
“Las Fiscalías están haciendo uso de este permiso de llevar a las personas a la prisión mientras se desarrollan los procesos (…) pero lo cierto es que no se está cumpliendo ese término de 2 años y en realidad se está prolongando, ya en el sistema acusatorio hemos visto casos de 6 años. Entonces, la persona que está en espera de sentencia, pues prácticamente está purgando una pena anticipada”, explicó Rosales.
La especialista en temas de justicia explicó que existen diferentes medidas cautelares que permitirían a un presunto criminal seguir su proceso en libertad, pero con el objetivo de simplificar la tarea del Estado se permite con facilidad el uso de la prisión preventiva.
Lo anterior ha derivado en que el uso de esa herramienta legal se haya incrementado 21 por ciento de 2019 a 2020 y Christel Rosales augura que para los próximos años esa cifra “va a seguir incrementándose”.
Con infomación de: Milenio
Redacción Diario Cambio
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