Estamos a unas horas de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Anualmente, el 25 de noviembre es el día en que se denuncia la violencia que se ejerce en contra de mujeres y niñas en todo el mundo, y reclama a las autoridades el impulso de políticas públicas, así como la visibilización y sensibilización para lograr la erradicación de estos actos en contra de nosotras.

La Asamblea de las Naciones Unidas, en su resolución el 17 de noviembre de 1999, conceptualizó la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada”

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En nuestra legislación aplicable en el Estado de Puebla, en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo sexto, fracción XIX, define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión que, con motivo de su género, les cause daño físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, obstétrico o la muerte, en cualquier ámbito”.

La violencia en contra de las mujeres es un problema estructural que se encuentra arraigado desde la familia, a causa de la subordinación histórica al género masculino, también se atribuye a la inequidad y desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres en los ámbitos privados y públicos.

Lamentablemente en pleno siglo XXI las cifras de violencia ejercida en contra de las mujeres no han disminuido. Previo a la pandemia, según el informe de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida y en el nuevo informe realizado por este organismo, basado en 13 países desde que comenzó el confinamiento, nos dice que dos de cada tres mujeres padecieron algún tipo de violencia; lo peor de esto es que apenas una de cada 10 mujeres acudió en busca de ayuda a las autoridades. Como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la violencia en contra de nosotras se perpetúa cada vez más. La desigualdad de oportunidades en lo público y en lo privado provoca y lacera aún más, limitando la autonomía de las mujeres, haciéndonos más vulnerables a caer en pobreza y escasez de alimentos.

Desde el ámbito público y político debemos recuperar los espacios de decisión que siempre debieron ser nuestros. La violencia en contra de las mujeres debe y puede prevenirse. Combatir la revictimización de las mujeres es el primer paso, una mujer que ha sido violentada y que ha denunciado los abusos cometidos a su integridad debe ser escuchada, las autoridades a quienes atañe esta situación deben adoptar enfoques integrales e inclusivos atendiendo las causas fundamentales, deben ser quienes desde el ejercicio del poder público transformen esas conductas sociales que lastiman la integridad de las mujeres e impulsen el empoderamiento de mujeres y niñas.

#NuncaSinMujeres