La transición a la “democracia” en México concentró su atención en la fragmentación de la función ejecutiva del poder público. Teniendo por resultado la creación de organismos constitucionales autónomos y organismos técnicos autónomos; donde a través de un “complejo” proceso de selección en el que intervienen el Ejecutivo (normalmente para proponer) y legislativo (normalmente para disponer), se pretendía impedir que el “señor Presidente”, o en su caso el “señor gobernador”, pudieran interferir en funciones específicas de la actividad pública como la organización de las elecciones, la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos, la medición de la desigualdad y pobreza, o faltaba más, auditar al poder. Esta tendencia, rápidamente –en palabras de los legisladores locales– se armonizó con nuestra constitución local y trajo nuestros organismos constitucionales y técnicos, autónomos y locales.
La Auditoría Superior del Estado depende del Congreso, puesto que nuestros legisladores representan poblacionalmente el poder y deben vigilar la aplicación del presupuesto y su rendición de cuentas para poder prevenir los casos de corrupción; requiere, además “hiperespecialización” puesto que su función es contable y jurídica, aunque sus decisiones tienen efectos políticos. Sus observaciones se suponen imparciales, objetivas y técnicas; cuando este espíritu es trastornado, y se abusa de lo que la constitución dispone por “autonomía” para posicionar una agenda política personal, de grupo o peor, de grupo económico de facto, todo el aparato estatal se ve comprometido, y requiere en lo inmediato una serie de acciones para transparentar dichos procedimientos, en este sentido quiero recordar que en el debate de los legisladores en 2019 para nombrar a Francisco Romero Serrano se afirmó su honradez y respetabilidad pública, que entiendo, en ese contexto no estaba comprometida; sin embargo, según CAMBIO la noche del 25 de febrero, detuvieron a Francisco Romero Serrano por violar una medida cautelar que le impedía ingresar al domicilio familiar de sus descendientes; luego de una disputa política, consistente en filtraciones y diversas actitudes, cuando menos, poco éticas, que comprometían a la Auditoria Superior del Estado en su función principal: auditar.
El 14 de Febrero suspendieron temporalmente su cargo como auditor, por enfrentar este proceso familiar, lo cual me parece bastante preocupante, ¿será que el auditor temporal podrá auditar la función de su antiguo auditor? ¿Encontrará, por ejemplo, inconsistencias en las cuentas públicas de los alcaldes más polémicos del trienio 2018-2021: Claudia Rivera, Felipe Patjane o Porfirio Loeza? ¿Será que el auditor temporal se concentrará en auditar, por ejemplo, el recurso público que ejerció el procesado Francisco Romero Serrano? Y ¿Qué tal si además de violencia familiar surgen nuevos cargos, por ejemplo: peculado, conflicto de intereses, o tráfico de influencias ¿qué pasará con la auditoría? Y, caray, ¿qué pasará con su “autonomía técnica”?
Ángel Custodio: El monumento ubicado sobre el Bulevar 5 de Mayo, a la altura de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, hecho por Enrique Carbajal en 2003, siempre me ha parecido un monumento innecesario con la estética barroca y neoclásica de nuestro Centro Histórico, y así me quejé de esto en Instagram, a lo que me respondieron que en la Biblia se explica que los ángeles custodios carecen de forma, y este, vaya que es amorfo.
