El Pleno del Congreso local desestimó sanciones administrativas en contra de 49 municipios por prescripción en cuentas públicas, aunque autorizó a la ASE presentar denuncias penales en 11 para que sean castigados los responsables del daño patrimonial en caso de que así lo consideren.
Este martes durante ordinaria del Pleno, los diputados locales aprobaron por unanimidad 49 cuentas públicas de diversos sujetos de revisión que se encontraban rezagadas hasta por 12 años, las cuales por el tiempo que se mantuvieron ‘congeladas’ fueron prescritas debido a que terminó el plazo para que se aplicaran sanciones administrativas.
Esto pese a que 11 dictámenes de diversos municipios que presentó la Auditoría Superior del Estado se detectaron posibles irregularidades, pues el órgano fiscalizador no acató los tiempos que marca la ley.
El dictamen aprobado por el Congreso del Estado, establece que será la ASE quien determine si se presentan denuncias penales en contra de los responsables de los daños patrimoniales a las arcas municipales ante la Fiscalía General del Estado para que sean castigados conforme a la Ley.
En estos casos, se encuentran el edil de San Jerónimo Tecuanipan en las cuentas públicas de 2012 y 2013, Felipe Javier Téllez Ramírez; el edil de Zoquiapan en 2012, Esteban Pérez Rivera; en el municipio de Huaquechula en 2013 y 2014 contra el edil Raúl Espinosa Marín y Efraín Alonso Campos; Cándido Nieto Vázquez de Zapotitlán de Méndez; José Isaías Velázquez Reyes de Atzizintla; y Amado Pañuela Olivares de Atoyatempan.
En estas cuentas públicas se encuentra un caso particular en el municipio de San Jerónimo de Tecuanipan, pues el diputado Jonathan Collantes Cabañas señaló que el edil durante los años que se detectaron las anomalías, Felipe Javier Téllez Ramírez, falleció hace dos años.
Antes de que se desempeñara como alcalde era un elemento de la Policía Ministerial, pidió licencia para asumir el cargo y posteriormente regresó al trabajo que desempeñaba, lo mandaron a Tamaulipas por parte del trabajo y fue baleado por el crimen organizado.
Esta situación, según la presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, no afecta a la búsqueda de sanción a los responsables de las irregularidades ya que el peso de la ley podría recaer en el síndico o los secretarios que tuvieron una participación directa en el desvió de recursos.
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José Campos
@josecamp11