El registro de Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro en la contienda por la dirigencia estatal del PAN se encuentra en la ‘cuerda floja’ debido a que la tesorería del Comité Ejecutivo Nacional señaló que no se puede aceptar el pago de sus cuotas partidistas, pues se realizó el pago en efectivo de poco más de medio millón de pesos, cuando se exige que sea por medio de un cheque o transferencia bancaria.
A través de un oficio con el número Tesonal/388/21 con fecha del 14 de octubre dirigido al tesorero del Comité Directivo Municipal, Rafael Guzmán Hernández, por parte del contralor del CEN, José Luis Puente Canchola, se solicitó que tengan un acercamiento con la Tesorería del Comité Estatal para que se subsanen las dudas respecto al pago de dos militantes.
El documento señala que el CDM realizó una solicitud el pasado 11 de octubre del presente año para crear una cuenta bancaria o en todo caso facilitar el número de cuenta para poder depositar el pago de las cuotas como ex servidores municipales emanados del PAN, Augusta Díaz y Marcos Castro, por un monto de 530 mil pesos.
De igual manera, se explica que es necesario aclarar todas las dudas para poder expedir los recibos oficiales de aportaciones, un requisito necesario para participar en la contienda, y que los recursos sean remitidos al Comité Directivo Municipal para que puedan hacer uso de ellos.
Ante esto, el CEN externó su negativa para realizar este procedimiento por dos razones, la primera es que el dinero debía ser ingresado directamente al Comité Directivo Estatal que ya tiene una cuenta bancaria para las aportaciones de carácter privado donde cuidan que no se sobrepase el monto en este rubro estipulado por el INE.
Mientras que la segunda versa, de acuerdo con estatutos, indica que para realizar un pago que supere los 90 días de salario mínimo, como es el caso, debe de efectuarse a través de un cheque o una transferencia bancaria donde puedan observarse de forma clara los datos de quien hace efectivo el pago.
El contralor nacional explicó que en caso de que no se pueda comprobar la suficiencia presupuestal para realizar ese monto, se puede dar parte a una investigación por la Unidad Técnica de Fiscalización y la posible notificación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Aunado a esto, en caso de que se sobrepasen los valores establecidos para el tope de financiamiento privado se incurriría en una falta grave y el partido sería sancionado por un total de 1 millón 60 mil pesos, lo cual causaría un daño patrimonial.
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José Campos
@josecamp11