Grupos de transportistas adelantaron que presentarán amparos ante la compra de equipos de vigilancia de 25 mil pesos y el pago mensual de una plataforma que ordenó la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Los concesionarios del transporte público han comenzado a manifestarse en contra de las nuevas disposiciones que deberán de seguir a fin de que sus unidades brinden un servicio de calidad a sus pasajeros.
Fuentes informaron a CAMBIO que los inconformes ya se encuentran analizando la posibilidad de poner recursos legales, a fin de evitar la compra de nuevas cámaras de vigilancia, acusando que se trata de un negocio para la dependencia estatal.
Esto debido a que también deberán pagar una renta mensual de 300 pesos para poder estar conectados a una plataforma que monitoreará los vehículos.
“Esto de las cámaras es una estafa, un robo, un nuevo fraude millonario, los que acatamos en montar equipos y pagar mensualmente tanto equipos como pago de GPS, ya valió y ahora montarán equipos con un costo altísimo”, expresó uno de los quejosos.
De esta manera, acusaron que no se están generando las condiciones para que continúen brindando el servicio de transporte público, además de referir que las tareas de seguridad son responsabilidad de las autoridades.
El pasado 8 de abril fue publicado un acuerdo de la SMT en el que se informa que todas las unidades del transporte público, taxis, vehículos de apps de transporte ejecutivo y grúas deberán instalar cámaras de seguridad, hecho que confirmó la titular de la dependencia Elsa Bracamonte, quien detalló que los equipos tendrán un costo alrededor de 25 mil pesos, además de que pronto se emitirá la licitación para la empresa que será la encargada de operar la plataforma.
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David Meléndez
@dav_ms6