La Auditoria Superior de la Federación (ASF) exhibió la corrupción del ex secretario de Seguridad, Manuel Alonso Jiménez y el ex director de Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Daniel Vázquez Sentíes, ya que detectó irregularidades en el uso de 96.4 millones de pesos en compras ‘fantasma’ y cursos inexistentes hacia la corporación policial.
El informe de la ASF, recientemente publicado por la cuenta pública del 2019, detalla que el recurso corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en donde hubo un posible daño patrimonial por 96 millones 428 mil 153 pesos, siendo el mayor de los programas y gastos federalizados.
Dentro del desglose, la ASF estableció un posible daño patrimonial por 58 millones 313 mil 853 pesos por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) 2019, para cursos de personal policial, sin presentar un contrato que formalizara los servicios adquiridos, es decir, se pagaron cursos sin que existiera un documento que avalara el propósito.
Enlista una observación por 38 millones 114 mil 300 pesos debido a que no se presentó documentación que justificara la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación y evaluaciones de confianza.
Las observaciones enlistadas corresponden en su mayoría al recurso ejercido durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido en 2019, en el que Alonso Jiménez fungió como titular de la SSP, mientras que Vázquez Sentíes estaba en el Cecsnsp de Puebla.
Detecta ASF pagos a aviadores y trabajadores muertos
Dentro del informe de la ASF sobre la cuenta pública del 2019 se toman en cuenta los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Fondo Operativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La cifra que tuvo observaciones por aclarar fue de 43 millones 480 mil 136 pesos, derivada de siete posibles daños patrimoniales.
De manera desglosada, se encuentra un posible daño o perjuicio por un monto de 20 millones 357 mil 44.22 pesos, por el pago a 62 trabajadores que no realizaban funciones básicas destinadas a la educación pública en diferentes áreas de la dependencia estatal, siendo éste el mayor monto por aclarar; en segunda instancia, se emitió una observación por 15 millones 568 mil 597.02 pesos por el pago a 27 comisionados de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Por el pago a 43 trabajadores con licencia sin goce de sueldo, la ASF observó un posible daño patrimonial de 3 millones 467 mil 255 pesos; además, se integró una observación de 857 mil 568 pesos por la realización de 84 pagos a 38 trabajadores que ya estaban dados de baja.
En tanto, se observaron irregularidades en un monto de 2 millones 371 mil 796 pesos por el pago a 76 trabajadores identificados como decesos; misma situación que representó otros 519 mil 509 pesos para el pago a 11 trabajadores también identificados como fallecidos.
Finalmente, 338 mil 364 pesos fueron por el pago de 121 trabajadores que ya estaban dados de baja en la nómina de la dependencia estatal. Concentrando así el total de las siete observaciones que tuvieron al recurso ejercido durante la gestión de Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta.
Fondo de Infraestructura tiene 17 millones sin justificar
En el caso de la Infraestructura Social para las entidades, la ASF detectó irregularidades en un monto de 17 millones 871 mil 959 pesos; de los cuales 297 mil son por transferir recursos de manera injustificada, además de que no fueron reintegrados a la Tesorería Federal.
Siete millones 227 mil 598 pesos corresponden a la no entrega de documentación en obras y proyectos de ocho municipios, como la Ley Federal lo dictamina; otros 600 mil 869 pesos son por la emisión de tres facturas que se presentan como canceladas, además de que no hubo la documentación correspondiente por este tema.
Finalmente, 8 millones 526 mil 171 pesos que no han sido re integrados a la Tesorería Federal en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas; un millón 220 mil 320 pesos se deben a inconsistencias en las fechas que justifiquen algún gasto.
Proagua tiene daño por 9 millones
Finalmente está el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), del cual la ASF determinó un monto por 9 millones 745 mil 240 pesos, de los cuales recuperó 5 mil 14 pesos, restando por aclarar un total de 9 millones 740 mil 226 pesos.
De esta cantidad, 9 millones 493 mil 863 pesos corresponden a un posible daño derivado de la falta de documentación que compruebe la amortización del anticipo otorgado por una obra pública en el estado de Puebla realizada por el Ceaspue; en tanto 246 mil 362 pesos corresponden a la no acreditación de obras y acciones establecidas con base en documentos.
Otras irregularidades
Entre los fondos y recursos federales en los que se detectaron irregularidades, están las Escuelas de Tiempo Completo, donde hay un posible daño por 156 mil 600 pesos por el pago a dos asesores externos pese a no poder acreditar los contratos correspondientes por sus servicios, de acuerdo con los lineamientos federales.
Por otra parte, se establece una observación a 757 mil 793 pesos en el gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), esto por no aplicar penas correspondientes de diferentes obras, debido a que no fueron finalizadas en el tiempo y forma contratados.
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Iván Reyes
@_ivan_reyes