Diez trabajadores que fueron despedidos de la planta Volkswagen pretenden ser reinstalados, pero con ciertas condiciones, entre ellas no tener actividad sindical, señaló en conferencia de prensa Rita Marcela Robles, representante de los trabajadores. Asimismo, denunciaron que existe una persecución hacia los trabajadores y familiares de los despedidos para coartar su libertad sindical.
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El viernes 12 de julio venció el plazo para que el gobierno mexicano presentara su informe sobre la investigación de 45 días respecto a los despidos en Volkswagen de México S.A. de C.V. Durante este periodo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, implementó acciones de investigación y remediación. Entre estas, la publicación de una carta de neutralidad por parte de Volkswagen, comprometiéndose a respetar los derechos humanos y los lineamientos sobre libertad sindical.
La Unidad de Política Laboral impulsó reuniones entre la empresa y los trabajadores, logrando acuerdos importantes como la reinstalación con la protección de todos los derechos previos al despido. Sin embargo, Volkswagen presentó un convenio de reinstalación con una cláusula que implica la renuncia a los derechos de libertad sindical y libre manifestación de ideas, lo cual fue rechazado por los trabajadores.
La empresa, a través de los Tribunales laborales del Estado de Puebla, presentó un escrito de allanamiento parcial a la demanda de reinstalación, pero nuevamente condicionó la reinstalación a la renuncia de los derechos sindicales de los trabajadores.
Los trabajadores despedidos consideran fundamental la protección de su derecho al trabajo, pero alertan que la reinstalación condicionada podría justificar futuros actos de acoso laboral, discriminación y despidos, además de afectar negativamente al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Esta situación podría comprometer los derechos de otros trabajadores en el futuro y afectar al movimiento sindical democrático en México. El gobierno mexicano, a través del Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, deberá evaluar adecuadamente el impacto de estas condiciones sobre los derechos de los trabajadores y la libertad sindical, en cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la reforma laboral de 2019
