De las nueve observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la cuenta pública del municipio en el 2022 por 42.9 millones de pesos, el presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez descartó que exista algún daño patrimonial y sin problema será resuelto ya que cuenta con la documentación en regla.
Es de mencionar que la ASE de Puebla detectó irregularidades y un presunto daño patrimonial por más de 42.9 millones de pesos durante el primer año de gobierno de Eduardo Rivera Pérez.
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Conforme lo anterior, el alcalde Domínguez Sánchez, descartó que exista algún daño patrimonial por parte de la administración panista y mencionó que cumplirán con aclarar todas las observaciones señaladas, en tiempo y forma.
“La Auditoría Superior del Estado realiza las observaciones de la cuenta pública de 2022, y nosotros tenemos 30 días para presentar la documentación y que el organismo tenga toda la información”, externó.
Domínguez Sánchez, agregó que no hay temor por parte del gobierno municipal, ya que se cuenta con todos los documentos necesarios para demostrar el uso correcto de los recursos públicos.
“Estamos muy tranquilos. La documentación que tenemos garantiza que las cosas se hicieron de manera correcta, transparente y conforme a la ley. Contamos con toda la documentación que lo fundamental”, puntualizó
Posterior a ello, justificó que este es un proceso completamente normal, por el cual pasan todos los gobiernos municipales, para garantizar que los recursos públicos fueron utilizados adecuadamente, y que, en este sentido, el gobierno que encabeza destaca en cumplimiento y transparencia.
El informe de la ASE indica que se hicieron observaciones en la cuenta pública de 2022, entre las cuales se solicitan aclaraciones sobre las fechas de los contratos realizados por el gobierno municipal, ya que no se puede comprobar el gasto hecho por la Comuna en el tiempo señalado.
Entre los contratos observados destaca el de arrendamiento de artículos como arcos de bienvenida, equipos de audio y sanitarios portátiles, así como la falta de documentación sobre los ingresos por la venta de automóviles chatarra que se encontraban en el corralón del municipio.
