Activistas que se oponen al relleno sanitario de Cholula han denunciado que cinco de sus miembros enfrentan carpetas de investigación, lo que consideran un posible pretexto para fabricarles delitos, debido a su oposición al basurero.
Los miembros del movimiento aseguran que el relleno sanitario contamina el aire, el agua y la tierra, y han exigido su cierre definitivo. Sin embargo, temen que las autoridades utilicen estas investigaciones como una forma de intimidación y represión.
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“Nuestro único delito es defender el medio ambiente”, afirmaron, responsabilizando a las autoridades y a la empresa operadora del basurero de cualquier acción en contra de sus compañeros.
La empresa Profaj Hidro Limpieza, que gestiona el relleno sanitario, ha argumentado que las protestas han causado pérdidas económicas significativas. Los activistas, por su parte, creen que estas pérdidas están siendo usadas como justificación para las investigaciones y posibles futuros cargos fabricados.
El movimiento de los Pueblos Originarios, que no tiene líderes visibles pero sí miembros destacados, continúa firme en su demanda de clausurar el basurero. Confían en que la Procuraduría Federal en Defensa del Ambiente (Profepa) intervendrá para cerrar el sitio de manera definitiva.
Esta situación pone de manifiesto una tensión creciente entre las comunidades que exigen un entorno saludable y las respuestas de las autoridades, que según los activistas, buscan desestabilizar y silenciar sus demandas legítimas.
