Entre las principales irregularidades que conforman los 33.5 millones de pesos de presunto daño patrimonial del gobierno de Gerardo Sánchez en Coronango, destacan la contratación de servicios profesionales por 3 millones 843 mil 342 pesos y la adquisición de una ambulancia por 1 millón 844 mil 400 pesos.
De acuerdo con el informe individual presentado el 4 de septiembre por la Auditoría Superior del Estado (ASE), se detectó un posible daño patrimonial de 33.5 millones de pesos, resultado de múltiples anomalías en el manejo de recursos públicos, que podrían comprometer la transparencia y legalidad de su gestión.
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Uno de los aspectos más alarmantes es la contratación de servicios profesionales por 3 millones 843 mil 352 pesos, sin que se presentara la documentación necesaria para justificar estos gastos. Este monto representa una porción significativa del presupuesto auditado, y su falta de transparencia eleva las sospechas sobre posibles actos de corrupción o negligencia administrativa.
Otro de los hallazgos de la ASE es la compra directa de material eléctrico y electrónico por un total de 1 millón 94 mil 223 pesos, sin que se haya seguido el proceso de adjudicación pública, como lo establece la ley.
Esta práctica irregular también se observó en la adquisición de materiales de construcción por 1 millón 156 mil 438 pesos y en la compra de equipo de seguridad y protección personal por 724 mil 130 pesos, realizadas de manera directa sin licitación ni concurso, lo que contraviene las normativas de transparencia y competencia equitativa en el uso de recursos públicos.
A estas irregularidades se suma la reparación y mantenimiento de equipo de transporte por 3 millones 37 mil pesos, cuyo gasto no fue debidamente justificado.
La ASE también ha señalado que los gastos realizados en suministros de limpieza por 543 mil pesos, así como los de material eléctrico y otros servicios contratados en distintos meses de 2022, tampoco cuentan con la documentación requerida para demostrar su adjudicación legal.
El ente fiscal emitió un total de 37 observaciones sobre la cuenta pública del ejercicio 2022 de Coronango, de las cuales 32 no han sido solventadas por el alcalde y su equipo. Esta falta de respuesta a las observaciones pone en tela de juicio la capacidad de la administración para rendir cuentas de manera clara y oportuna, lo que genera preocupación sobre el destino de los recursos municipales y su posible desvío.
Ante estos hechos, la ASE ha iniciado dos promociones de responsabilidad administrativa sancionadora contra Sánchez Aguilar, quien deberá responder ante las autoridades competentes para esclarecer el destino de los 33.5 millones de pesos señalados en el informe.
Este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los municipios, para evitar que se sigan repitiendo prácticas que afectan el desarrollo y bienestar de la población.
