Funcionarios del área de seguridad pública y tránsito municipal de Tehuacán recibieron, por segunda ocasión, una capacitación enfocada en la prevención de actos de corrupción, dado que estas corporaciones son especialmente vulnerables a este tipo de conductas.
La iniciativa busca reforzar el comportamiento ético y la integridad de los funcionarios, así como informarles sobre las graves consecuencias de incurrir en prácticas corruptas o abusos de autoridad.
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José Iván Guevara Amayo, coordinador anticorrupción adscrito a la Contraloría Municipal, señaló que cada dos semanas se presenta al menos una queja contra algún miembro de estas corporaciones. Estas quejas no solo se refieren a sobornos o compensaciones económicas ilegales, sino también a casos de abuso de autoridad.
Durante la capacitación, se resaltaron los principios éticos que deben guiar la conducta de los funcionarios y se les advirtió sobre las sanciones que enfrentarían en caso de transgredir la ley. Se explicó que las acciones disciplinarias pueden seguir dos vías principales: la administrativa y la penal.
La vertiente administrativa comienza con una investigación exhaustiva a cargo de la Coordinación de Investigación, Quejas y Denuncias, adherida a la Contraloría Municipal. Esta investigación puede culminar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de hasta 11 años.
En cuanto a la vertiente penal, se subrayó que los funcionarios públicos no están exentos de recibir una sentencia judicial, incluso si ya han sido sancionados administrativa o económicamente.
Las denuncias por corrupción son presentadas directamente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la ciudad de Puebla, encargada de procesar y dar seguimiento a estos casos, asegurando que se tomen las medidas necesarias para erradicar la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad pública.
Cabe recordar que, a lo largo de tres años del actual gobierno de Tehuacán, se han dado de baja a 21 policías por comprobar diferentes actos de corrupción que van en contra de la ley.
