Pese a existir una prohibición en la quema de pirotecnia en Tehuacán y sus juntas auxiliares, el alcalde Alejandro Barroso Chávez ha incumplido con esta sentencia judicial federal, al conceder permisos para estas prácticas, así lo denuncian organizaciones civiles de este municipio.
David Vázquez Maldonado, presidente del Círculo de Amparo, destacó que las nuevas autoridades encabezadas por el presidente Alejandro Barroso Chávez, están obligadas a respetar la legislación vigente, recordando que “la suspensión judicial contra la quema de pirotecnia es cosa juzgada”.
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Esto, debido a que desde octubre a la fecha se han registrado cinco actos de quema de pirotecnia atribuibles a la administración actual, además de un caso confirmado de la gestión anterior la cual corresponde a la comunidad de Santa María Coapan.
Carlos Martínez Galindo, también miembro del Círculo de Amparo, informó que estas irregularidades están bajo investigación del Ministerio Público Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).
“El incumplimiento de un mandato judicial acarrea sanciones económicas y penales, como ya ocurrió con la administración pasada, y ahora las nuevas autoridades enfrentan el mismo riesgo”, señaló.
De acuerdo con la legislación, cualquier funcionario que omita acatar un mandato judicial será sancionado, en casos comprobados de incumplimiento, se notifica a las autoridades federales para iniciar procesos legales.
Por su parte, Catalina Aguilar, representante legal de la Asociación Civil TAC, Una Protección al Entorno, resaltó los efectos negativos de la pirotecnia en el medio ambiente; los animales y los grupos vulnerables, como personas con neurodivergencia y enfermedades crónicas.
“La detonación de pirotecnia no solo causa contaminación acústica, sino que afecta gravemente la salud y la calidad de vida, la ley no es negociable y los derechos humanos deben prevalecer sobre los usos y costumbres”, afirmó.
Elena González, del Colectivo Nacional ‘Ama a los Animales’, añadió que las tradiciones no pueden justificar la vulneración de derechos fundamentales, pues mencionó la necesidad de evolucionar estas prácticas para proteger la salud, el medio ambiente y la dignidad de las personas y los animales.
Es por ello que organizaciones civiles a lo largo de los meses, han denunciado que algunas autoridades locales han intentado simular el cumplimiento de la normativa para evitar sanciones, por lo que el Ayuntamiento de Tehuacán está bajo la supervisión de instancias federales, incluyendo una jueza federal y la policía federal.
“Si el ayuntamiento pretende seguir simulando el cumplimiento de la ley, nosotros continuaremos evidenciando estas acciones ¡La justicia no puede ser burlada!”, advirtió la representante de TAC.
Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Municipal y a las autoridades auxiliares para respetar las normativas ambientales y los derechos humanos, ya que insistieron que el cambio de administración no debe ser excusa para violar la ley, subrayando que la transición gubernamental no exime a nadie del cumplimiento de las disposiciones judiciales.
