A través de cartas anónimas, personas privadas de su libertad en el Cereso de Tehuacán denunciaron venta de drogas, abusos y cobros de piso al interior del penal.
Fue a través de un escrito anónimo con fecha del 18 de mayo del año en curso que se dieron a conocer irregularidades que continúan en el Centro de Reinserción Social (Cereso) como el cobro de cuotas, la renta de celulares y la venta de drogas, presuntamente orquestadas por internos en complicidad con comandantes y el propio director del centro, Matías Gerardo Lobato Villarreal.
“Yo tengo a mi hermano en el penal de Tehuacán y el día de ayer durante la visita me hizo llegar un escrito junto con otros compañeros, porque ya lo han reportado y no les hacen caso y están siendo amenazados por un grupo de sus mismos compañeros y temen represalias,” se lee en el mensaje.
En el documento, los internos señalaron directamente a Martín “N”, alias “El Gallo”, quien se desempeña como coordinador del módulo uno, acusándolo de imponer su control mediante amenazas y extorsiones.
“El Gallo” renta celulares por 500 pesos
Según la denuncia, “El Gallo”, introduce celulares al penal, cobrando 2 mil pesos por cada uno y los renta semanalmente dichos dispositivos por 500 pesos.
Asimismo, acusaron a un interno apodado “Chipilo” de ser cómplice en estos cobros, los cuales se efectúan en áreas del penal conocidas como “puntos muertos” de las cámaras de vigilancia, específicamente en la zona denominada “Cuevita” del módulo dos.
La carta detalló también que los internos deben pagar diversas cuotas para poder trabajar en sus celdas, mientras que por el uso de áreas VIP se cobra 150 pesos la hora.
Extorsión a familiares persiste
Los cobros también son para evitar represalias, incluyendo la extorsión a familiares para asegurar su protección dentro del penal.
Los internos declararon que temen por su seguridad y aquellos que se quejan son castigados mediante la suspensión indefinida de visitas familiares.
Por ello, solicitaron la intervención de autoridades correspondientes, subrayando que varios de sus compañeros han sido despojados de sus negocios de comida, los cuales representan una fuente esencial de ingresos para sus familias.
La carta concluyó con un llamado a la justicia: “No es justo que estos compañeros que son presos igual que ellos tengan el control del penal.”
