La Fiscalía del Estado de Puebla (FGE) presentó la detención de José N, un profesor de educación física de la escuela Blandina Torres de Marín, tras su probable responsabilidad de acosar y abusar sexualmente a una de sus alumnas, una menor de 13 años.
La detención de José N ocurrió el pasado 25 de septiembre de 2024, luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación tras recibir una denuncia relacionada con hechos que habrían ocurrido entre abril y mayo de este año en la secundaria del centro educativo Blandina Torres de Marín en San Andrés Cholula.
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El profesor, de 56 años, está acusado de realizar actos de abuso contra una estudiante durante este periodo. La Fiscalía, al recibir la denuncia, activó un protocolo de investigación con un enfoque especializado en la protección de la infancia y adolescencia, para garantizar el adecuado tratamiento del caso y la seguridad de la víctima.
Entre las acciones realizadas, las autoridades entrevistaron a la menor afectada y a sus familiares, quienes aportaron detalles clave para el avance del proceso. Asimismo, se realizaron evaluaciones médicas y psicológicas a la víctima, cuyos resultados fueron determinantes para dar solidez a la acusación. Estas pruebas, junto con una inspección ocular en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, permitieron a la Fiscalía solicitar una orden de aprehensión contra el maestro.
La orden de aprehensión fue emitida el 21 de septiembre de 2024, y cuatro días después, el 25 de septiembre, el docente fue detenido por las autoridades. Tras su captura, el profesor fue puesto a disposición del juez de control, quien dictó prisión preventiva como medida cautelar mientras se determina la fecha de la audiencia inicial, donde se establecerán los cargos formales en su contra.
El proceso legal continúa y la Fiscalía de Puebla subrayó su compromiso de actuar con celeridad y transparencia en este tipo de casos, que involucran a menores de edad, con el fin de garantizar su protección y bienestar.
El caso ha generado una amplia respuesta por parte de la comunidad educativa y la sociedad en general. Padres de familia y docentes han manifestado su preocupación por la seguridad de los menores dentro de los centros educativos y han exigido mayor vigilancia y controles para prevenir situaciones similares.
Por su parte, la Fiscalía reiteró que seguirá trabajando para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia, además de poner énfasis en el enfoque especializado que se aplica en las investigaciones de delitos que afectan a menores, para asegurar un trato respetuoso y adecuado en estos delicados procesos.
El caso continuará bajo investigación mientras se esperan nuevas resoluciones judiciales en las próximas semanas.
