Tras su aprobación en el Senado, el Congreso de Puebla se sumó a las 17 entidades donde se aprobó la minuta que formaliza el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al mismo tiempo, aprobaron reformas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para reconocer sus derechos.
La Mesa Directiva dio cuenta de los oficios de la Cámara de Senadores y los turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su resolución, posteriormente se declaró un receso para que sesionaran.
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Después, una vez que se determinó procedente la dictaminación de ambos proyectos de decreto, fueron remitidos al Pleno, en el que Morena y sus aliados sumaron sus 33 votos mayoritarios para su aprobación. Puebla fue la entidad 15 en aprobar el dictamen.
Primero fue discutido el dictamen de los pueblos y comunidades indígenas para ser reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad de decidir conforme a sus sistemas normativos internos. El voto fue unánime de 40 diputados.
Después por más de una hora, se discutió el dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución Política, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En ese proceso votaron 33 diputados a favor y siete en contra.
Entre los Congresos Locales que han aprobado la minuta de la Guardia Nacional destacan Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Durango, Baja California, Campeche, Yucatán, Ciudad de México y Colima.
Solo oposición vota contra la Guardia Nacional
De acuerdo con el dictamen se establece que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
En el Pleno, Morena y sus aliados defendieron el dictamen con su sufragio. Mientras el PRI, PAN y Movimiento encabezaron una protesta al cargar una lona con la leyenda: “México requiere seguridad no militarización”.
Los votos en contra por el PAN fueron de Celia Bonaga, Marcos Castro, Susana Riestra, Rafael Micalco y Luana Armida Amador y dos de las representaciones del PRI con Delfina Pozos, así como Movimiento Ciudadano con Fedrha Suriano.
Durante su intervención, el morenista Andrés Villegas Mendoza, presidente de la comisión de Seguridad Pública, señaló que se cumple con el compromiso de la transformación del país y una condición básica para el ejercicio de los derechos humanos.
“Este proyecto contempla atención a las causas, la confirmación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades e inteligencia, la coordinación en el gabinete de seguridad y las 32 entidades federativas”, comentó.
La diputada Xel Arianna Hernández, del PT, señaló que, las reformas no son temas de partidos políticos, sino de beneficiar a la ciudadanía, por eso su fracción emitió su voto a favor.
Delfina Pozos Vergara, del PRI, señaló que su voto en contra es porque la preparación militar no tendrá la capacidad para atender delitos que impactan a la ciudadanía.
Expuso que, el año pasado junto con su hijo fueron secuestrados y que las cifras de la delincuencia exhiben que la estrategia de seguridad en el país no está funcionando.
“Se trata de un abuso de seguridad militar disfrazado de Guardia Nacional”, añadió.
Por el Verde, Beatriz Manrique comentó que habrá beneficios laborales a los integrantes de la Guardia Nacional, quienes salen a las calles a defender a la ciudadanía y reconoció que “aún no existe la perfección”, pero habrá un mando de control operativo más eficiente.
Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, señaló que, Morena y sus aliados “nos quieren hacer creer que con militares en las calles va a regresar la paz, sin embargo, los delitos graves, así como desapariciones, van en aumento”.
Susana Riestra, del PAN, lamentó que los diputados locales no pueden hacer modificaciones y solo pueden ser ratificadas o rechazadas, pero opinó que la reforma no es “la respuesta para pacificar el país”, además de que no hay un plan para mejorar la estrategia de seguridad ni el presupuesto para atender a los policías locales, los primeros respondientes.
