Con la aprobación de la Ley Carpy y los informes de 217 ayuntamientos de Puebla en sus cuentas públicas de 2022, los diputados de la LXI Legislatura comienzan con su cierre y se preparan para el proceso de entrega-recepción.
En total, los legisladores locales avalaron dictámenes emitidos por la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado correspondientes a 327 Informes Individuales y del Informe General, todos del Ejercicio 2022.
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Los informes individuales fueron aprobados con 28 votos a favor y 8 en abstención de la fracción del PAN, además de Lidia Ocaña del PRI y Fernando Sánchez Sasia de Morena.
Al respecto, el diputado Eduardo Alcántara Montiel precisó que con las reformas a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, el Congreso no aprueba cuentas públicas, sino sólo el análisis de los informes.
“Aquí no aprobamos las cuentas públicas, yo no voy a votar en contra de los informes. A diferencia de otras ocasiones, nos dan a votar en bloque, hoy solo vamos a votar un solo dictamen que incluye todas. En ocasiones anteriores nos dieron la opción de votar uno por uno. Hoy votamos todo el informe”, comentó.
Rechazó que haya una persecución política, pero aclaró que se tiene que revisar con puntualidad a los alcaldes de Puebla, Cholula y Coronango.
En su discurso, Eduardo Alcántara refirió que en el caso del Ayuntamiento de Puebla, con el entonces alcalde Eduardo Rivera Pérez, auditaron mil 655 millones de pesos, de los cuales hay observaciones por 445 millones de pesos que no se pudieron comprobar pues hay anomalías en diversas áreas de la administración hasta la distribución de box lunch.
Por parte, el coordinador de la bancada del PAN, Rafael Micalco Méndez expuso que no podrían dar un voto a un paquete de 327 informes, pues se necesitaba votar de manera individual.
“Son bastantes cuentas, son 327, del primer año de ejercicio fiscal. Nosotros tenemos muchas dudas y por eso nos abstenemos. En próximos meses veremos qué final tienen las cuentas públicas observadas”, agregó.
También comentó que el “tiempo la dará la razón”, ante las anomalías reportadas en el dictamen “general” que avaló el Congreso y que incluye a todos los presidentes municipales, actualmente en funciones.
Durante la votación, Eduardo Alcántara pidió excusarse de la cuenta pública del primer año de gobierno en San Pedro Cholula por la relación familiar con la alcaldesa, Paola Angon, madre de su esposa y futura diputada local María de la Barreda. Mientras, la morenista Ruth Zárate también pidió excusarse de la cuenta pública de Tecamachalco.
Los alcaldes y sujetos obligados tienen un mes para atender las anomalías que les señalen con una prórroga de 15 días más, una vez que sean notificados en lo particular.
Es preciso señalar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó un presunto daño patrimonial de 46.3 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Tehuacán, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. El alcalde, Pedro Tepole, tendrá que aclarar cuatro pliegos de observaciones, aunque en entrevista señaló que aún no ha sido notificado.
¡Se logró! Avalan Ley Carpy, para víctimas de la violencia
Este viernes, los diputados del Congreso de Puebla también avalaron por unanimidad de votos la Ley Carpy, la cual asegura que todas las víctimas de un delito reciban atención médica inmediata, adecuada y gratuita.
La iniciativa está inspirada en Felipe Carpinteyro, un joven que perdió la movilidad tras ser víctima de un robo después de salir de una sucursal bancaria donde sacó sus ahorros.
El dictamen tuvo 36 votos a favor; y un emotivo llanto de Felipe, quien asistió al pleno y festejó una mano alzada como muestra de victoria.
El panista Miguel Espinosa explicó que esta propuesta la retomó de un tema que estuvo en la congeladora. Y fue propuesta hace más de un año por el legislador Oswaldo Jiménez.
Las reformas garantizan que víctima tendrá derecho a que se le proporcionen gratuitamente servicios de asistencia, atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica cuando se trate de lesiones, enfermedades o traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos; se brindarán de manera permanente hasta el final de tratamiento.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva y diputado del PT, José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez reconoció a Felipe su lucha. También compartió que él vivió lo mismo, cuando intentaron atentar contra su vida.
Las instituciones hospitalarias públicas de la entidad, así como las unidades médicas del Estado y de los 217 municipios están en la obligación de prestar atención inmediata y permanente a las víctimas que lo requieran.
La iniciativa prevé que en materia de servicios de asistencia, se otorgará atención y protección a la víctima. Misma que tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud vigente.
Adecuan en derechos humanos
Los diputados locales también avalaron una reforma al artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que el Consejo Consultivo esté integrado bajo los principios de inclusión y no discriminación.
Actualmente, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos indica que el Consejo Consultivo se integrará por cinco personas ciudadanas, hombres y mujeres de reconocido prestigio en la sociedad, poblanas y poblanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; cuando menos tres de estas personas no deberán desempeñar cargo o comisión como personas servidoras públicas durante el tiempo de su gestión.
Con las reformas, se adiciona que en la integración del Consejo Consultivo se privilegien los principios de inclusión y no discriminación, en términos de lo dispuesto por la Constitución.
