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Proponen en Congreso del Estado considerar el acecho como delito

Establece sanciones de tres meses a dos años de prisión y multa de cinco a 20 Unidades de Medida
Proponen en Congreso del Estado considerar el acecho como delito
Establecen sanciones como prisón y multas

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el diputado José Miguel Espinosa de los Monteros Gil presentó una iniciativa para adicionar en el Código Penal el delito de acecho, que comete quien, de manera física o digital, vigile, persiga u observe, de forma continua, insistente y reiterada a una o más personas, y que con dicha acción atente contra su bienestar físico y psicológico o genere alteraciones ilegítimas en su estilo de vida.

La propuesta del diputado indica que, a quien cometa el delito de acecho se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización. Además, la penalidad aumentará hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea mayor de 70 años, niña, niño o adolescente, persona con discapacidad, o mujer en periodo de gestación.

La iniciativa para adicionar el artículo 292 Ter al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada Rosalinda Toledo Castellanos presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, para agravar la penalidad en el delito de robo cuando se cometa respecto de tabletas electrónicas, computadoras de escritorio o portátiles.

Esta iniciativa por la que se reforma la fracción XVII Bis del artículo 380 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En tanto, el diputado Jorge Luis Vélez Pavía presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de establecer que para la formación del Consejo Consultivo se debe buscar representar la diversidad de la sociedad en cuanto a edad, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, situación social y discapacidad.

La iniciativa para reformar y se adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.

Durante la sesión ordinaria de Pleno se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Yolanda Gámez Mendoza para reformar las fracciones X y XI y adicionar la fracción XII del artículo 95 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, para establecer como una obligación del Ministerio Público reconocer y respetar el derecho de las víctimas u ofendidos a tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional, cuando no se encuentren en condiciones para rendir su declaración.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Rosalinda Toledo Castellanos presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de adicionar dentro de las órdenes de protección de emergencia, la custodia personal y/o domiciliaria a la víctima, a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la Fiscalía General del Estado.

La iniciativa para reformar la fracción IV y adicionar la V al artículo 26 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

-Punto de acuerdo de la diputada Lizette Minto García por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que realice las investigaciones correspondientes y en su caso finque o deslinde responsabilidades a funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, por su posible colusión u omisión que derivó en la instalación de un “narco laboratorio” en dicho municipio.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

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Redacción

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