Ante el rezago en dictámenes en cuentas públicas, el encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, señaló que hay una investigación contra de los servidores públicos que no atendieron informes en ayuntamientos a tiempo y fueron exonerados de cualquier responsabilidad como Enrique Rivera como ex edil de Chignahuapan.
Lo anterior ante posibles omisiones de los trabajadores, que dejaron “caducar” los recursos y dieron paso a no sancionar posibles daños patrimoniales de los sujetos obligados responsables.
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En entrevista con DIARIO CAMBIO, el auditor explicó que el tema es atendido por la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
“Lo que sucedió es que en efecto hay responsabilidades en contra de servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado que estuvieron en su momento, las investigaciones determinarán de quien fue la responsabilidad en su momento y por esa situación muchas prescribieron”, agregó.
Reconoció que los plazos legales beneficiaron a sujetos obligados con observaciones, pero que cada caso se trata conforme a la ley. No obstante, no quita responsabilidades a los auditores de la ASE que pasan por alto sus funciones para no sancionar anomalías acreditadas.
“La prescripción también es defensa para el sujeto obligado, imagínate sino prescribiera, eran (cuentas públicas) de 2014 o 2015 y se llega a 2023 y sin saber (su estatus jurídico) (…) también es un mecanismo de protección para ellos, pero no objeta de responsabilidades a los funcionarios de aquí (ASE), que dejaron que prescribiera”, comentó.
Uno de los casos es el de Joel Díaz Ramírez ex edil de Tlahuapan del ejercicio fiscal de 2015 por el presunto daño patrimonial de 628 mil 197 pesos.
Francisco Fidel Teomitzi Sánchez señaló que los casos son investigados con otra serie de sujetos obligados, los cuales no compartió bajo el argumento que está en litigio estas denuncias. Las sanciones dependerán de la Comisión de Control.
Con retrasos, pero avalan los dictámenes individuales
Por otra parte, esta semana la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado aprobó un total de 327 informes individuales correspondientes al año fiscal 2022.
Lo anterior después de que solicitaron una prórroga, ante el proceso electoral y otros contratiempos en la dependencia.
Los 327 informes, incluyen los 217 municipios y la fiscalización del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap).
A pesar de los contratiempos, el auditor señaló que atienden lo que indica la Ley en la materia, mientras que los entes fiscalizables podrán aclarar las observaciones señaladas.
