En comisiones, diputados locales de Puebla avalaron el paquete de iniciativas que envió el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina en la que destaca la Ley de Amnistía, que permitirá a presos en situación vulnerable salir de la cárcel.
Los puntos de acuerdo serán presentados ante el pleno el próximo viernes para su discusión y posible aprobación en la sesión extraordinaria que está programada a las 10:30 de la mañana.
Además de ley de Amnistía, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de Administración Pública del Estado y la extinción del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla (IDEP).
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
¿Quiénes saldrán de prisión?
La Ley de Amnistía del Estado de Puebla, presentada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes que establece y regula el procedimiento para decretar la liberación a detenidos con diversos criterios de vulnerabilidad, fue aprobada este lunes, con 17 votos a favor en comisiones.
Los diputados que conforman las comisiones de Gobernación y la de Procuración de Justicia avalaron el dictamen sin ninguna modificación adicional.
La Amnistía sólo aplicará a delincuentes no reincidentes y cuya aprehensión atienda a criterios de vulnerabilidad, entre ellos, la extrema pobreza o su condición de exclusión.
También a personas con discapacidad, o las que se les negó su derecho a la justicia con accesibilidad e igualdad. Las personas indígenas o afromexicanas, principalmente cuando no se les garantizó un traductor, en caso de hablar otra lengua.
A quienes por temor, presión familiar o del crimen organizado incurrieron en un delito. También a los consumidores de algún narcótico, a excepción de que sea investigado en el comercio, distribución, suministro o venta.
Para los señalados de robo sin violencia y cuya pena sea menor de tres años. En caso de los presos políticos (por el delito de sedición), siempre y cuando no hayan incurrido en delitos relacionados con terrorismo, lesiones graves, uso de armas o que hayan privado a alguien de la vida.
En contraste, la amnistía no aplicará a los acusados de secuestro, trata de personas, lenocinio, feminicidio y otros que estén relacionados con el uso de armas de armas de fuego o violencia.
Para tal propósito se integrará la Comisión de Amnistía, que integrarán principalmente la Secretaría de Gobernación y Seguridad, quienes harán un listado anual de los presos y su resolución de absolución podría llegar hasta los seis meses.
Las diputadas Xel Arianna Hernández García y Silvia Tanús Osorio expusieron que las ley es clara y se debe poner atención cuando se acredita adscripción indígena, pues podría ser una herramienta que usen los detenidos para obtener su inmediata libertad.
Regulan permanencia de burócratas
Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Con la nueva ley se modificarán los mecanismos necesarios para regular el ingreso, permanencia, promoción y en su caso remoción de los servidores públicos, en términos del artículo 79 de la Constitución de Puebla.
Para despejar dudas, la diputada del Grupo Plural, Silvia Tanús aclaró que las reformas y adiciones no significan la eliminación del Servicio Civil de Carrera, sino a una evaluación de una instancia competente, que en este caso será la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Avanza la extinción del IDEP
Finalmente en las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como de Atención a Personas con Discapacidad aprobó la extinción del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla (IDEP).
Lo anterior para que no se dupliquen con las funciones que son propias del Sistema DIF Estatal, y que permiten la eliminación de trámites burocráticos y terminar con el rezago de atención.
En la exposición de motivos, se dio a conocer que en 2023 el IDEP atendió a seis mil 663 personas con discapacidad; sin embargo, en la entidad habitan más de un millón 84 mil personas con esa condición, por lo que el Gobierno Estatal admite que no hay un cumplimiento de sus objetivos.
