El litigio entre Melgarejo Construcciones y el gobierno de Puebla será heredado a la siguiente administración, afirmó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes al criticar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la espalda al Estado.
En entrevista, Céspedes Peregrina calificó como un revés para el Estado la decisión de la Segunda Sala de la SCJN, que determinó que Puebla debe indemnizar a la empresa constructora por la cancelación de un contrato firmado en 2009 durante la administración de Mario Marín Torres.
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Mismo contrato que se otorgó sin licitación y de manera directa, tenía como propósito la construcción del Libramiento Poniente, un proyecto vial que conectaría San Martín Texmelucan con Atlixco.
Sin embargo, el proyecto fue cancelado tras la llegada de Rafael Moreno Valle, lo que desencadenó una prolongada batalla legal entre el gobierno estatal y Melgarejo Construcciones; tras varios años de disputas en los tribunales, la SCJN falló a favor de la empresa, dictaminando que el Estado debe pagar 640 millones de pesos en compensación por la cancelación del contrato.
Por ello, Salomón Céspedes subrayó que aunque el fallo de la SCJN es definitivo, el litigio aún no ha llegado a su fin, ya que existen varias vías legales que siguen abiertas.
“Lo que hizo la Corte fue darle la espalda al Estado sin ninguna razón, y había motivos fuertes para darnos la razón, pero no fue así”, señaló.
A pesar de la sentencia, el mandatario dejó en claro que su administración no cederá a las demandas adicionales de la empresa, que busca una compensación mayor a la establecida por la Corte.
“Quieren más y no estamos dispuestos a pagar un solo centavo que no esté contemplado. No podemos hablar de ninguna cifra hasta que no tengamos un ordenamiento”, advirtió.
Ante esto, el gobernador dejó en claro que los tiempos hacen imposible que su administración pueda resolver el asunto antes del final de su mandato. Por lo tanto, el litigio será heredado a la administración de Alejandro Armenta, quien deberá encontrar la mejor manera de manejar el conflicto y proteger los intereses del Estado.
