El Poder Judicial está cometiéndole un fraude a la Nación, por impedir el voto popular en las reformas constitucionales que se planean desde el Poder Legislativo, sentenció Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
“Es el único Poder que está cometiéndole un fraude a la nación y un fraude a la Constitución porque no está siendo electo por el pueblo”, acusó.
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En México, hay una necesidad de que las y los juzgadores sean elegidos mediante el voto popular, dado que el poder emana del pueblo, destacó.
“El Poder Judicial debe de entender -y todos los juzgadores- que el artículo 39 lo dice claramente: todo poder público dimana del pueblo y se deposita en beneficio del pueblo”, declaró.
El también senador electo expuso que el Poder Judicial es el único de los poderes que defrauda a la nación al no permitir que sus miembros sean electos por voluntad del pueblo.
En ese sentido, el líder parlamentario reiteró que las y los diputados de Morena y aliados integran una mayoría responsable que ha legislado en favor del pueblo, a pesar de las presiones externas.
“Somos una mayoría responsable, legislamos a favor del pueblo, nos sacudimos presiones externas, reconocemos que la estructuración de nuestra Constitución está fincada en la división de poderes y el poder público emana del pueblo y siempre será en beneficio del pueblo”, enfatizó.
En ese sentido, expresó, “nosotros vamos a respaldar, apoyar y a sacar adelante la reforma judicial porque es un derecho que establece la Constitución a todas y a todos los mexicanos”.
Es preciso mencionar que el próximo lunes a las 11:00 horas sesionará la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, para abordar el dictamen del Poder Judicial.
Se prevé que la Reforma Judicial será dictaminada en septiembre. En su momento, Ignacio Mier Velazco adelantó que se analiza la incorporación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para definir a los conocidos “jueces anónimos” o “sin rostro”.
La medida será para garantizar la seguridad de los magistrados, en particular quienes abordan casos graves o relacionados con el crimen organizado.
