El gobierno de Puebla anunció el cierre de siete ceresos, como parte de una serie de medidas para mejorar las condiciones del sistema carcelario, tras las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta decisión afecta a un total de 232 reos, a quienes reubicarán en cárceles que continúan operando.
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El acuerdo quedó publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) y firmado por el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna. Los centros de reinserción social que dejarán de funcionar son los ubicados en Atlixco, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán.
La determinación se basa en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la CNDH, en el que los ceresos de Puebla obtuvo una calificación de 5.02 en una escala del 1 al 10.
Este diagnóstico señala serios problemas como sobrepoblación, hacinamiento, deficiencia en la alimentación y falta de personal capacitado en los centros penitenciarios.
Cabe destacar que, tras el sismo de 2019, los reos de los centros de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros ya habían sido trasladados al Centro Penitenciario de Puebla.
Ahora, la reubicación se enfocará en los reos de los centros de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, que albergan 43, 18, 48 y 123 personas privadas de la libertad, respectivamente.
La Subsecretaría de Centros Penitenciarios será la encargada de gestionar el traslado de estos internos. Por ello, tiene la obligación de garantizar que se respeten en todo momento sus derechos humanos durante el proceso de reubicación.
