Los activistas rijosos Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes tendrán una audiencia el próximo 21 de noviembre para definir la prórroga de la investigación complementaria en su contra y, en caso de no presentarse, podrían recibir sanciones. El proceso deriva de la denuncia presentada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) por los bloqueos que ambos habrían inducido en la autopista México–Puebla durante las protestas contra la construcción de pozos en San Miguel Xoxtla.
La sesión fue programada a las 15:45 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara más tiempo para continuar con las indagatorias, petición a la que la defensa se opuso.
Asimismo, las autoridades ordenaron a las partes presentarse con 30 minutos de anticipación y advirtieron que, de no acudir, los imputados podrían recibir una multa de 30 UMAS o ser considerados como evadidos del proceso.
El caso se remonta al 28 de mayo, cuando habitantes de San Miguel Xoxtla realizaron una protesta contra la construcción de pozos y el manejo del agua en la zona. Durante la manifestación se bloquearon varios puntos de la autopista México–Puebla por más de 10 horas.
Ese mismo día también se reportaron daños en el pozo 4, operado por Agua de Puebla, por lo que la empresa presentó una denuncia en contra de los activistas. Sin embargo, al no encontrarse pruebas sobre daños a la infraestructura y ante inconsistencias de los testigos, ese señalamiento fue descartado.
Derivado de esa denuncia, el 1 de julio se llevó a cabo un primer procedimiento judicial, cuando Romero Camacho fue detenido mientras se dirigía a una asamblea en Nealtican y trasladado al Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, por orden de la Fiscalía General del Estado. No obstante, más tarde fue liberado y absuelto de los cargos.
Posteriormente, Capufe presentó una nueva denuncia por los bloqueos carreteros en la autopista, lo que dio origen al proceso federal que ahora enfrentan Romero Camacho y Bermúdez Chantes. El seguimiento del caso derivó en su vinculación a proceso por el delito de daños a vías generales de comunicación, decisión tomada por un juez federal el 5 de septiembre.
Desde entonces, la investigación se mantiene en el ámbito federal y será en la audiencia del 21 de noviembre cuando se determine si la FGR obtiene una prórroga para concluir las indagatorias o si el caso avanza hacia la siguiente etapa del proceso.
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