La alcaldesa de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, enfrenta de manera simultánea un conflicto social por el abastecimiento de agua y un aumento en los niveles de inseguridad en el municipio, luego de que la incidencia delictiva creciera 36.6% entre 2024 y 2025, al pasar de 202 a 276 carpetas de investigación durante los primeros 10 meses de cada año, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mientras continúa la disputa por el uso del agua marcada por la intervención del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y por el plantón que vecinos mantienen en el parque Pavigi para frenar la construcción de un pozo destinado a abastecer a la capital, el municipio también registra variaciones importantes en distintos tipos de delitos. Este contexto de Inseguridad ha generado un clima de tensión entre pobladores y autoridades locales de Xoxtla.
En materia de seguridad, los delitos que afectan la vida y la integridad corporal tuvieron un aumento respecto al periodo anterior. Las lesiones fueron el rubro con mayor crecimiento: de ocho denuncias registradas en 2024, la cifra avanzó a 15 en 2025 y dentro de este mismo grupo, las lesiones dolosas duplicaron los casos del año pasado, y las culposas subieron de tres a cinco expedientes, lo que llevó el total de agresiones físicas a 19.
Otros delitos también mostraron incrementos, pues en 2025 se abrió una carpeta de investigación por un delito relacionado con la libertad personal, un registro que no apareció en las estadísticas de 2024, además, en materia de seguridad sexual se contabilizó una denuncia por abuso sexual; el año previo no se había presentado ninguna. Los delitos contra la familia también tuvieron un comportamiento al alza, impulsados por la violencia familiar, que pasó de ocho a 15 reportes para acumular 19 casos en esta clasificación.
La Fiscalía documentó además un aumento en los ilícitos agrupados como “otros delitos”, que subieron de 14 a 18 carpetas de investigación. En este conjunto destacan dos reportes de narcomenudeo, sin antecedentes el año previo, un ligero incremento en amenazas, de siete a ocho casos, un expediente por falsificación sin antecedentes inmediatos y dos denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.
La desaparición de personas también presentó una variación relevante: de un caso registrado en 2024, la cifra llegó a tres en el periodo enero–octubre de 2025, ubicándose como una de las variaciones más sensibles dentro de la estadística municipal.
Conflicto del agua en Xoxtla
En paralelo al comportamiento delictivo, vecinos y activistas de San Miguel Xoxtla encabezados por Pascual Bermúdez Chantes mantienen la presión social en torno al conflicto del agua. El grupo presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDH) por presuntas represalias y por la actuación de la autoridad local durante la disputa y señalaron restricciones como la negativa de acceso a sanitarios municipales para quienes permanecen en el plantón.
Bermúdez también denunció ante la FGE un presunto atentado en su contra, ocurrido el 29 de octubre, cuando un hombre armado acudió al lugar donde se encontraban los manifestantes, además, enfrenta un proceso penal derivado de una protesta realizada en la carretera México–Puebla, situación que su equipo jurídico incluyó en la queja presentada ante la CDH al considerarla parte del mismo contexto.
Los habitantes pidieron la intervención del organismo para garantizar el respeto a sus derechos mientras continúa la inconformidad por la administración del agua, en un escenario donde Xoxtla también experimenta un incremento sostenido en diversos indicadores delictivos.
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