El caso del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez inicia diciembre con un escenario adverso para las víctimas. En menos de 24 horas, la exigencia de justicia sufrió dos golpes contundentes que benefician directamente al presunto autor intelectual, Javier López Zavala: un juez federal otorgó una suspensión definitiva que congela el juicio por violencia familiar, impidiendo una sentencia este año, mientras que Marisol Montes Baro, testigo clave de la Fiscalía, denunció públicamente haber sido coaccionada para incriminar al político.
En el frente judicial, la familia Monzón informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal concedió la suspensión definitiva al amparo promovido por la defensa del ex secretario de Gobernación. Con esta maniobra legal, López Zavala logró frenar la lectura íntegra de la denuncia que Cecilia interpuso en vida, un tecnicismo que paraliza el proceso y elimina cualquier posibilidad de obtener una condena firme en este 2025.
Este bloqueo tiene una consecuencia operativa inmediata: al no existir sentencia ejecutoriada, se posterga indefinidamente el traslado del imputado a un penal federal de máxima seguridad, permitiéndole permanecer en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla, donde ha sido señalado por intentar mantener el control.
“Corresponde a la Justicia Federal y a la Justicia del Estado de Puebla asumir su responsabilidad en la generación de la situación que ha permitido que Javier López, habiendo sido declarado culpable ya en dos ocasiones, continúe sin una pena y sentencia firme”, sentenció la familia Monzón en su comunicado.
A este revés en los tribunales se suma el desmoronamiento de la narrativa de la Fiscalía General del Estado (FGE). Marisol Montes Baro, abogada penalista y amiga íntima de la víctima desde 2014, rompió el silencio para revelar que fue presionada por el Ministerio Público para declarar falsedades en contra de López Zavala durante el juicio oral.
La litigante aseguró en entrevista con La Jornada de Oriente que el agente del MP, Tonatiúh Gutiérrez Sánchez, le dio una instrucción precisa antes de rendir su declaración: debía atacar al ex funcionario para perjudicarlo legalmente, a pesar de que ella sostiene que nunca presenció violencia por parte de él.
“Le pregunté cuánto tardaría mi testimonio. Me dijo: ‘le tienes que tirar al licenciado Zavala’… Me dijo que mis declaraciones debían perjudicarlo. Yo le contesté que no iba a decir mentiras”, afirmó Montes Baro.
La penalista fue más allá y puso en duda la línea de investigación oficial, asegurando que Cecilia Monzón no vivía con Zavala y que, al momento de su asesinato, residía con una nueva pareja sentimental. Incluso, sugirió que las amenazas reales contra la activista provenían de otros actores políticos de la región y no de su expareja.
“El verdadero asesino está afuera, riéndose de lo que está pasando. Sería muy tonto que alguien con su vida pública hiciera algo así. Él no fue”, sostuvo con firmeza la testigo.
Estas declaraciones ponen en entredicho la solidez de la investigación por feminicidio, cuyo juicio oral acumula ya más de 78 audiencias, convirtiéndose en el proceso más largo de su tipo en la historia de México. La familia Monzón ha denunciado que estas tácticas dilatorias, tanto legales como testimoniales, constituyen una revictimización sistémica.
Con el juicio por violencia familiar suspendido por la justicia federal y la credibilidad de la Fiscalía cuestionada por una testigo clave, la defensa de Javier López Zavala gana tiempo valioso, alejando la posibilidad de una condena pronta y manteniendo al político en territorio poblano bajo un manto de impunidad que se extiende a un año más.
“Esta decisión, contraria a la normativa en materia de amparo, elimina la posibilidad de obtener justicia en el caso de Cecilia Monzón en este 2025”, lamentó Helena Monzón.
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