No se trató de lavado de dinero ni de trata. La detención del empresario Javier Milián—dueño de giros negros, restaurantes y gimnasios— fue en realidad un secuestro exprés con fines de extorsión institucional, ejecutado por más de una docena de agentes ministeriales de la Fiscalía de Puebla y encabezado por funcionarios cercanos a la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, quienes terminaron cayendo tras el escándalo.
😮💥 ¡Los que nos cuidan lo levantaron!
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 1, 2025
Un video que salió a la luz muestra el momento exacto en que ocurrió la detención del empresario poblano dueño del "Mamitas", Javier Millán, ocurrida en inmediaciones del fraccionamiento La Vista, a dónde llegaron más de una decena de… pic.twitter.com/sOIlbZHwnf
El jueves 9 de octubre, alrededor de las 08:13 horas, Milián fue interceptado afuera del fraccionamiento La Vista Country Club por tres camionetas oficiales que ya lo esperaban sobre la Vía Atlixcáyotl. En cuanto el empresario pasó, los agentes le cerraron el paso: una unidad enfrente, otra atrás y una más a la izquierda. En segundos, lo rodearon con armas largas, lo sacaron de su camioneta y lo subieron a otra, sin orden judicial y bajo acusaciones que posteriormente resultaron falsas.
La Fiscalía intentó justificar la detención con un informe plagado de contradicciones, donde los agentes aseguraron haberlo detenido de manera aleatoria y por “conducción sospechosa”. Sin embargo, videos del operativo —que la propia fiscal pidió a los medios no difundir para evitar “que los implicados huyan”— revelaron un montaje cuidadosamente planeado.
El “chaleco”, las amenazas y la extorsión
Durante al menos cuatro horas, Milián fue retenido, hostigado y acusado falsamente de portación de drogas, armas y supuesto lavado de dinero. Testimonios y los propios registros judiciales confirman que los agentes intentaron plantarle un “chaleco” para justificar su captura.
En ese lapso, los funcionarios al mando —el titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (FEIDORPIFR), Miguel Islas; el coordinador Jorge Malváez; y el fiscal de Operaciones por Recursos de Procedencia Ilícita, Luis Antonio León Delgadillo— exigieron cinco millones de pesos a cambio de no imputarlo. Después bajaron la cifra a dos millones y finalmente cerraron el trato en aproximadamente 250 mil pesos en efectivo, lo que permitió que el empresario no fuera fabricado como criminal.
Juez declara la detención ilegal; cae la red de corrupción
Tres días después, un juez de control declaró la detención como ilegal, debido a las incongruencias entre el informe ministerial y las pruebas videográficas. Ordenó la liberación inmediata del empresario y exigió investigar a los agentes del Ministerio Público responsables del caso, incluidos Leydi Vianey, Lorena Sayuri y Rigoberto Baruch.
La difusión del video que exhibió el operativo derrumbó la versión institucional y destapó una red de corrupción al interior de la Fiscalía, particularmente en la FEIDAI y la FEIDORPIFR.
Idamis Pastor admite que ella contrató a los funcionarios corruptos
La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, reconoció públicamente que los tres funcionarios implicados fueron contratados directamente por ella. Sin embargo, se deslindó afirmando que no eran sus amigos, sino “compañeros de maestría”, y que pidió su renuncia apenas tuvo “sospechas” de conductas irregulares.
“A estas personas las invité porque fueron compañeros míos en una maestría; no son mis amigos”, declaró.
“En cuanto tuve la mínima sospecha, pedí su renuncia. No iba a permitir actos de corrupción dentro de la Fiscalía”.
La propia fiscal reconoció que existen carpetas de investigación abiertas “por delitos que todos conocen”, y pidió a los medios no difundir el video completo para evitar que los implicados escapen.
Un operativo fallido que exhibe la podredumbre institucional
La caída del operativo contra Javier Milián no solo dejó en evidencia la fabricación de delitos, sino también prácticas de extorsión institucional desde una fiscalía manejada —según admitió la propia fiscal— por funcionarios colocados por afinidad académica.
Entre detención ilegal, extorsión, montaje y encubrimiento, el caso Milián se convirtió ya en el golpe más fuerte a la credibilidad de la Fiscalía poblana en años recientes, y en un recordatorio de que la corrupción no solo se persigue: también se practica desde dentro.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
