Gilberto Higuera Bernal prefirió huir antes que enfrentar los cuestionamientos sobre la profunda depuración que su sucesora, Idamis Pastor Betancourt, ejecuta dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra funcionarios de su administración señalados por corrupción, uso faccioso de la institución y presuntos vínculos con el crimen organizado.
El exfiscal —hoy refugiado en el Instituto Nacional de Migración (INM) como director general de Coordinación de Oficinas de Representación, gracias al cobijo de Sergio Salomón Céspedes— asistió este mediodía al arranque del Programa Operativo de “Héroes Paisanos” en el zócalo de Puebla. Pero al ser abordado por reporteros, perdió el aplomo, apresuró el paso y se negó rotundamente a emitir postura.
Primero intentó evadir: “Ahorita no puedo hablar porque está el evento”. Al insistírsele sobre los procedimientos iniciados por la fiscal Pastor Betancourt contra mandos que trabajaron bajo su tutela, soltó un tajante:
“No voy a declarar. Ahorita no voy a hablar nada”, y literalmente se dio la vuelta para huir entre el público.
La escena contrastó con la magnitud de los señalamientos que pesan sobre su gestión, documentados desde julio y que derivaron en la mayor depuración interna en la historia reciente de la FGE.
Como se recordará el 20 de julio, el gobernador Alejandro Armenta Mier reveló públicamente la gravedad del problema: dentro de la Fiscalía operaban delincuentes infiltrados, además de grupos políticos y de cuello blanco que “se apoderaron de la institución para defender sus intereses”.
Ese mismo día, Idamis Pastor confirmó que, al asumir el cargo, encontró casos graves de corrupción, por lo que inició procedimientos administrativos e investigaciones penales, además de dar de baja a servidores públicos coludidos.
La depuración avanzó con velocidad. Para el 1 de agosto ya se contabilizaban ocho carpetas de investigación abiertas, cuatro renuncias forzadas tras la detención del comandante Alejandro Macuil —protector del criminal “El Patuleco”— y más casos en revisión.
Pero el punto de quiebre se conoció en septiembre cuando Diario CAMBIO dio a conocer la caída de la estructura más cuestionada del barbosismo: la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), creada y operada bajo el mando de Higuera Bernal.
La ORPI, según múltiples fuentes de la Fiscalía, funcionó como brazo judicial para perseguir enemigos políticos, abrir carpetas sin sustento, presionar jueces y filtrar información financiera de funcionarios y particulares. Los primeros en caer fueron Hilda Sully Cuautle Moreno, Marco Antonio Sánchez Cid y Brenda Vivanco Salazar, operadores claves del esquema que impulsó investigaciones masivas como: Operación Angelópolis, los expedientes contra el exauditor Francisco Romero Serrano, las carpetas contra Arturo Rueda, hoy absuelto
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, la depuración ordenada por Pastor derivó en la separación de 254 trabajadores, entre renuncias y ceses administrativos. Cayeron fiscales especiales, agentes del Ministerio Público, analistas, directores, jefes de departamento y mandos ministeriales. Muchos renunciaron al percatarse de que ya existían investigaciones abiertas; otros fueron removidos por presuntos actos de corrupción o vínculos criminales.
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