El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, fijó postura ante el bloqueo realizado en la autopista Puebla–Orizaba por campesinos vinculados a Antonio Valente Martínez, el Toñín: respaldo absoluto al campo y a la ciudadanía honesta, pero ninguna legitimidad para movimientos impulsados por personajes ligados a la delincuencia.
🔴#VeEsto | Ante el bloqueo de campesinos relacionados con "El Toñín" en la autopista Puebla-Orizaba, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, dijo respaldan a agricultores, migrantes, jóvenes y ciudadanos honestos,… pic.twitter.com/fwBXpE6g9z
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 7, 2025
En entrevista, el coordinador morenista señaló que siempre estará a favor de la libertad de expresión y del derecho que tienen los agricultores para manifestar sus necesidades, pero advirtió que no permitirá que presuntos criminales utilicen causas sociales como escudo político.
“Siempre el apoyo al campo, siempre el apoyo al sector primario, a los jóvenes, a los ciudadanos honestos; no a delincuentes que quieran tomar banderas”, sentenció.
Gaspar Ramírez también respaldó al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, luego de que el Toñín apareció en redes sociales para acusarlo de presuntas agresiones contra su hija, Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac. El legislador afirmó que las instituciones deben ser defendidas ante este tipo de intentos de presión.
La reaparición pública de Antonio Valente ocurrió el 3 de diciembre, cuando se deslindó del bloqueo en la Puebla–Orizaba y lanzó acusaciones contra Aguilar Pala. Un día después, grupos afines a los Toñines y a los Mier irrumpieron en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dentro de Plaza América.
Aunque quienes ingresaron aseguraron ser agricultores que “desconocen a Valente Martínez”, admitieron su cercanía con el diputado federal Ignacio Mier y negaron haber participado en el bloqueo carretero. Argumentaron que únicamente acudieron para exigir la regularización de concesiones de pozos.
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