Durante su primer informe al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya reconoció que, de las 8 mil 563 quejas recibidas en un año, únicamente 18 derivaron en recomendaciones formales. En términos prácticos, sólo dos de cada mil denuncias avanzaron hasta una recomendación, que es el máximo pronunciamiento institucional frente a violaciones acreditadas, lo que deja 8 mil 500 expedientes sin resultados tangibles para las víctimas.
🔴🙋♀️#ChecaEsto | En el auditorio del CCU, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Puebla, Rosa Isela Sánchez Sosa, rindió su informe de actividades, destacando la modernización institucional, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos de atención y… pic.twitter.com/WqBfhGiED4
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 11, 2025
Pese a que en su mensaje ante el pleno del auditorio del Complejo Cultural Universitario presentó la defensa de los derechos humanos como “el corazón” del organismo, los propios datos oficiales exhibieron una institución con mínima capacidad resolutiva. Ni siquiera al sumar las vías alternas de solución —28 acuerdos satisfactorios y 22 conciliaciones— la efectividad de la CDH supera el 1 por ciento del total de denuncias tramitadas, lo que confirma un rezago estructural y una falta de impacto real en la protección de los derechos fundamentales.
Pese a la frialdad de los datos duros que reflejan una efectividad mínima, la titular de la CDH Puebla apeló a la emotividad en su mensaje para justificar el trabajo realizado, asegurando que detrás de la burocracia existen rostros humanos que son atendidos. Durante su intervención, Sánchez Soya declaró textualmente:
“Con respecto al eje 2, defensa y protección de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos es el corazón de esta comisión. Cada orientación, cada medida que emitimos, tiene detrás una historia, una persona y la búsqueda de la justicia”.
Sin embargo, esa búsqueda de justicia se materializó en apenas 18 recomendaciones emitidas en todo un año de trabajo. Un dato que generó suspicacia dentro del informe de Rosa Isela Sánchez, fue la disparidad entre las recomendaciones emitidas y las cumplidas.
No hubo detalles sobre el seguimiento o las acciones correctivas tras 150 visitas a penales
En cuanto a la supervisión de las condiciones de reclusión, Isela Sánchez detalló que la Primera Visitaduría General realizó 149 visitas a los 17 centros penitenciarios del estado.
Según lo expuesto en el informe, estas inspecciones combinaron tres acciones distintas: el diálogo directo con las direcciones de los penales, entrevistas confidenciales con las personas privadas de la libertad y la verificación física de las instalaciones, todo ello con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad humana, aunque el informe careció de acciones correctivas o seguimiento de las observaciones derivadas de estas casi 150 inspecciones oculares.
Dentro de las acciones operativas para salvaguardar la integridad inmediata de los poblanos, se dio cuenta de la ejecución de 33 juicios de hábeas corpus. Esta herramienta jurídica, diseñada para proteger la libertad personal y evitar detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, representó una de las pocas acciones directas tangibles mencionadas en el informe, orientadas a garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la autoridad.
En un intento por robustecer los resultados de su primer año, Sánchez Soya dedicó una parte significativa de su discurso a los logros académicos y de acervo bibliográfico, un área que si bien abona a la cultura de derechos humanos, no resuelve la incidencia de violaciones. Destacó que la biblioteca de la CDH se consolidó con 2 mil 900 títulos y 3 mil 582 ejemplares, además de la donación de 322 libros y la apertura a estudiantes de posgrado para estancias de investigación, buscando así fortalecer el vínculo entre la academia y la defensa institucional.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
