El gobierno de Puebla definió tres escenarios específicos en los que operará el mando único policial, de acuerdo con la propuesta de reformas enviada por el gobernador Alejandro Armenta al Congreso del Estado. Con este modelo, la administración estatal busca establecer criterios formales para intervenir en municipios donde la capacidad de seguridad se encuentre rebasada o resulte insuficiente.
Las iniciativas planteadas por el Ejecutivo incluyen una modificación al artículo 117 de la Constitución local y la expedición de una nueva Ley de Seguridad Pública. La reforma constitucional incorpora por primera vez la figura del mando único, concebida como un esquema que permite concentrar en una sola institución las labores operativas y administrativas cuando las condiciones municipales lo requieran.
Aunque la propuesta forma parte de un paquete más amplio, que también contempla mecanismos de coordinación institucional y participación ciudadana, así como la reorganización de áreas de investigación dentro de la Fiscalía, el elemento central es la definición puntual de los casos en que el Estado asumirá directamente la seguridad pública.
De acuerdo con la nueva ley enviada al Legislativo, el mando único aplicará en tres hipótesis.
La primera se activará cuando un municipio carezca de corporación policial, ya sea por ausencia histórica, falta de reclutamiento o situaciones extraordinarias que dejen sin elementos a la demarcación.
La segunda procede cuando el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que la autoridad municipal ha sido rebasada o requiere reforzamiento inmediato.
La tercera se dará cuando el propio ayuntamiento solicite formalmente la intervención estatal.
El documento puntualiza que, en cualquiera de estos supuestos, el Estado centralizará las funciones de seguridad pública con el objetivo de garantizar continuidad en la vigilancia, evitar vacíos de autoridad y asegurar la correcta administración de recursos federales destinados a la seguridad. Este modelo, según la propuesta, busca combinar capacidad operativa y transparencia en la ejecución de fondos, evitando improvisaciones en zonas donde la fuerza municipal resulte insuficiente.
Actualmente, Puebla ya opera bajo un esquema similar en dos municipios, donde la Secretaría de Seguridad Pública asumió temporalmente el control tras situaciones críticas que dejaron sin capacidad operativa a las policías locales.
Casos como Huixcolotla, donde la corporación colapsó tras el asesinato de tres agentes; y Atzitzintla, que enfrentó hechos violentos que llevaron al Ayuntamiento a pedir refuerzos, evidenciaron la necesidad de establecer protocolos formales para este tipo de intervenciones. Las comisiones legislativas deberán revisar tanto la reforma constitucional como la nueva Ley de Seguridad Pública.
La intención de la reforma es evitar vacíos de autoridad, blindar a los municipios frente al crimen organizado y garantizar una actuación inmediata en escenarios críticos.
Además de asegurar que no se trate de una intervención política, sino de una medida para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y asegurar la tranquilidad de las familias poblanas.
Esta medida busca cerrar la puerta a la infiltración criminal, evitar que los municipios queden rebasados ante situaciones de violencia y garantizar una respuesta institucional inmediata.
La propuesta no pretende debilitar la autonomía municipal, sino fortalecer la coordinación entre ayuntamientos y el gobierno estatal.
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