El gobierno de Puebla enfrenta una bomba de tiempo financiera: pasivos litigiosos por más de 2 mil millones de pesos derivados de laudos, demandas y reclamaciones de constructoras que datan desde 2003, reveló José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal. Estos pasivos en Puebla, acumulados a lo largo de varios años, siguen pesando sobre las finanzas públicas del estado
🙋🏻♂️🔴#Infórmate | El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que existen obras desde 2003 que no se ejecutaron o sin contrato por las que diversas empresas reclaman pagos, generando laudos por más de 2 mil millones de pesos. Señaló que la Consejería… pic.twitter.com/CGLMz6vGtJ
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 17, 2025
Detalló que en los laudos están involucradas, entre otras constructoras Algani Internacional, de Jesús y Álvaro Haces Alarcón; Hylsa Infraestructura e Hylsa Salud, así como Melgarejo Construcciones.
La deuda judicial acumulada incluye obras que nunca se pagaron, trabajos adicionales sin reconocimiento contractual y, en casos extremos, reclamaciones por proyectos que nunca se ejecutaron pero que hoy amenazan con sentencias ejecutorias que comprometerían gravemente las finanzas públicas.
Herencia de cuatro administraciones
García Parra explicó en conferencia que estos expedientes son producto de acciones y omisiones en gobiernos estatales desde la administración de Melquiades Morales, pasando por Mario Marín y Rafael Moreno Valle.
“Prácticamente en todas las administraciones desde 2005 a la fecha hubo acciones y omisiones que nos dejaron esta carga. Por eso hoy debemos actuar con precisión para evitar un daño mayor al erario”, advirtió el funcionario.
Los casos están siendo atendidos directamente por la Consejería Jurídica estatal, mientras que otros se litigan en tribunales federales de Puebla y Monterrey, ciudades donde algunas empresas tienen su domicilio fiscal.
Obras sin contratos ni evidencia física
El coordinador del gabinete detalló que múltiples expedientes corresponden a supuestas obras complementarias o adicionales ejecutadas desde 2007 que, en algunos casos, sí se realizaron pero jamás fueron pagadas. Sin embargo, en otros casos las obras simplemente no existen físicamente, carecen de contrato y no hay evidencia de su ejecución, pese a lo cual son exigidas judicialmente.
“En algunos casos se están pidiendo pagos por obras que no están acreditadas, que no existen, y tampoco hay contrato. Es un problema heredado de varias administraciones que hoy nos obliga a tomar medidas para evitar que las finanzas públicas se comprometan por más de dos mil millones de pesos”, subrayó García Parra.
Negociación inminente para frenar ejecución
El coordinador adelantó que en los próximos días el gobernador Alejandro Armenta anunciará una negociación con una de estas empresas para detener una sentencia de pago que estaba a punto de ejecutarse.
“Muy pronto el gobernador hará el anuncio; es una negociación en favor del patrimonio del Estado”, aseguró.
Casos emblemáticos
Melgarejo Construcciones: 640 millones por obra cancelada
El caso más voluminoso involucra a Melgarejo Construcciones, que exige 640 millones de pesos por la cancelación del Libramiento Poniente en 2010, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
En enero de 2025, el gobernador Armenta confirmó que su administración no pagará la suma establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa argumenta haber invertido 71.5 millones de pesos en derechos de vía y estudios preliminares, pero reclama un pago nueve veces superior como indemnización.
Armenta acusó que detrás del fallo, resuelto el 12 de junio de 2024 por la Segunda Sala de la SCJN con votación dividida de 3-2 (amparo directo en revisión 7831/2023), podría haber “presuntos actos de corrupción y sobornos“.
Algani Internacional: 57 millones desde el gobierno de Morales
Los hermanos Jesús y Álvaro Haces Alarcón, propietarios de Algani Internacional, reclaman desde 2005 más de 57 millones de pesos por la rescisión del contrato para la autopista Tlaxco-Tejocotal, firmado en 2003 durante la gestión de Melquiades Morales Flores.
Tras años de litigio y cinco resoluciones previas en su contra, la empresa finalmente obtuvo un fallo favorable que ordena al Estado pagar daños y devolver fianzas retenidas. Sin embargo, el pago nunca se efectuó y el proceso legal continúa vigente.
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