Antorcha

Aquiles Córdova Morán*

EL PODER Y LA MANIFESTACIÓN POPULAR

Es un hecho que las manifestaciones populares, cuando son auténticas y no promovidas desde el poder, siempre son tratadas con hostilidad, casi como un delito que merece una sanción severa para escarmiento de intentonas futuras. Lo primero que se aprecia en estos casos, es el ataque  de cierta jauría mediática al servicio del poder que, echando mano de sus mejores recursos lingüísticos y de estilo en materia de injurias, tergiversación de hechos y acusaciones gratuitas, se lanza contra los manifestantes subrayando el “caos vial” que provocan, la “violación impune al derecho de los demás al libre tránsito”, pero dejando siempre en la oscuridad más absoluta la causa que provoca la inconformidad y la protesta. Se publican entrevistas “ad hoc” para “probar” que la gente ignora por qué marcha, que es gente que asiste porque le prometen una torta y un refresco, y, para rematar, se inventa una “biografía” al vapor de los dirigentes, que siempre resultan unos pillos de siete suelas que “lucran con la pobreza de la gente”, sinvergüenzas que timan y roban a quienes confían en ellos y “reos de muchos otros delitos graves” que merecen la horca, o, cuando menos, cadena perpetua.

Vienen luego las declaraciones, hechas con mesura y grave continente por el señor del gran poder (y recogidas con acatamiento y reverencia por los medios como la verdad revelada, por más que la mentira y el absurdo salten a la vista), según las cuales su preocupación y motivo único de sus desvelos es el bienestar de sus gobernados; que su administración aplica hasta el último centavo en “obras de beneficio social”, y que siempre ha atendido las peticiones de la población, “sin distingos de credo religioso o colores partidarios”, cuando dichas peticiones son justas y están al alcance de su presupuesto. En consecuencia, cae de su peso que no hay ninguna razón válida para la protesta pública; que quienes usan ese reprobable recurso persiguen “fines inconfesables” y que, por tanto, “su” gobierno “no cederá a presiones ni a chantajes”. Y colorín colorado.

Doy dos ejemplos actuales. En Cuernavaca, Morelos, hay un grupo de colonos de muy bajos ingresos que lleva más de 20 años tratando de regularizar su estancia en un predio propiedad  de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México. El gobernador actual, Lic. Marco Antonio Adame Castillo, panista por cierto, se comprometió seriamente con ellos a legalizar la propiedad y a entregar las escrituras correspondientes. Además, después de más de dos años de gestiones, de promesas, incluso de visitas físicas a predios con posibilidades de ser habitados, se comprometió a dotar con lotes de interés social a 300 familias de escasos recursos. El plazo, en ambos casos, fue fijado por el gobernador. Pues bien, nada de eso se ha cumplido; y ahora que los engañados se plantaron para protestar por el engaño, sólo reciben injurias, calumnias y amenazas a través de los “medios” oficialistas, mientras los funcionarios los acusan de intransigentes y mentirosos. El segundo caso es el del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. Dieciocho meses de plantón llevan los antorchistas de aquel estado, en demanda de que se cumpla una minuta de acuerdos firmada por el también perredista Lázaro Cárdenas Batel en 2005, y cuya demanda central son lotes de interés social para familias pobres. Recién arribado al poder, Godoy Rangel dijo que “revisaría” los compromisos para ver qué se podía cumplir; luego pasó a afirmar que ya se había “atendido” más del 80 por ciento y, finalmente, la semana pasada, su Secretario General de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de plano salió a reconocer que nada se ha cumplido, pero que tampoco cumplirán por “razones” que son una injuria no sólo para los antorchistas michoacanos,  sino para los de todo el país. Dijo que Antorcha “lucra” con los lotes, que tiene un adeudo por créditos de vivienda que se niega a pagar y que, ¡claro! ellos “no cederán a chantajes”.

No me interesa, por ahora, rebatir tales canalladas; ya Jesús Valencia, líder del antorchismo michoacano, hizo lo conducente allá donde interesa desenmascarar a los mentirosos. Aquí quiero destacar tres cosas: primera, que en los dos casos que cito, el centro del conflicto es la negativa rotunda a dar lotes de interés social  a la gente pobre; segunda, la similitud de trato de panistas y perredistas en el poder y, tercera, el idéntico odio a la protesta ciudadana, a la que califican de “chantaje”. Es evidente que, con independencia del partido a que pertenezcan, los gobernantes han renunciado, por sí y ante sí, a la obligación de dotar con vivienda a los más necesitados, y han dejado el problema en manos de las poderosas constructoras de “casas de interés social”. También, que hay consenso entre ellos de que la protesta ciudadana es un molesto obstáculo para ejercer el poder a capricho, sin cortapisas y a favor de quienes los llevaron al poder; y una amenaza futura, por cuanto que despierta y organiza al pueblo y lo vuelve insumiso y exigente. Por tanto, que mientras se modifica la ley, hay que pasar por encima de ella  reprimiendo y negándose en redondo a resolver las demandas de la gente.

Finalmente, se demuestra que la democracia al uso no garantiza la llegada al poder a hombres inteligentes y sensibles a las tribulaciones de las mayorías;  por el contrario, asegura los más altos puestos de mando a los partidarios del “principio de autoridad”, a los más arrogantes, dogmáticos y tozudos, como el  gobernador perredista de Michoacán o el panista de Querétaro. Equivocamos el camino porque los partidos políticos no eligen candidatos entre sus hombres más buenos, nobles y sabios, sino entre quienes saben ejercer “mano dura” contra los inconformes, tengan o no razón. Así pues, urge un cambio radical que reconozca al pueblo no sólo el derecho a elegir gobernantes, sino, antes que eso y como garantía de éxito, a los propios candidatos a los puestos de mando. Sin eso, seguiremos votando hoy por “demócratas” de oportunidad, que serán nuestros verdugos de mañana

*Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.

Juan Manuel Celis*

EN SAN DIEGO MANZANILLA, AUSENTE EL OFICIO POLÍTICO

Durante el último mes se ha desatado una ola de manifestaciones públicas de descontento popular, de problemas políticos serios en localidades importantes de este estado; además, hemos recibido nada halagüeñas noticias sobre la presencia del narcotráfico en diversas regiones de nuestra entidad; por si eso fuera poco, se ha informado del rezago de Puebla en cuanto a generación de empleos e inversión productiva. A ese complicado escenario se ha sumado la pugna por la sucesión gubernamental, entre los cercanísimos al poder, y de éstos con otros grupos políticos que también se sienten con derecho para estar en la puja sucesoria.

Para los preocupados por el futuro social y político de Puebla, todo este ensombrecido panorama es un alarmante síntoma que nadie debería desdeñar, que debería alertar y hacer reflexionar seriamente, sobre todo, a los conductores de los destinos políticos en este estado, porque, si bien es cierto el transcurso de todo el presente sexenio ha sido muy azaroso, en este año las cosas se han complicado aún más y se percibe que si no se buscan operadores eficientes y sensitivos en el manejo político, en el desarrollo económico y en el control de la delincuencia, dentro de poco tiempo veremos escalarse los conflictos.

Una pequeñísima muestra de un mal manejo político y de la falta de operadores eficientes es lo ocurrido en el mercado de San Diego Manzanilla, en donde gente de Fernando Cuéllar agredió violentamente a los comerciantes y ahora pretende echarle la culpa a los antorchistas. El caso del tianguis de San Diego Manzanilla  se ha planteado con los diferentes funcionarios encargados de la gobernabilidad en este estado, reiteradamente hemos pedido que se den soluciones para que dicho centro comercial se dignifique con todos los servicios –cualquiera que vaya a ese mercado se impresionará por las precarias e insalubres condiciones en las que se ganan la vida dichos locatarios, que sólo buscan cómo sobrevivir y mantener a sus hijos- y se ponga freno a la codicia exacerbada de falsos defensores de los derechos humanos, que amparados en ese membrete y en la protección que sin duda les dispensan algunos funcionarios de alto nivel del Gobierno del Estado, especulan y extorsionan a los posesionarlos de los locales comerciales.

Por ello, se agruparon más de 200 comerciantes y compraron dos hectáreas de terreno para poder fincar un local digno en el cual desarrollar sus actividades económicas con ciertas comodidades. Tal iniciativa la encabezaba entonces José Gómez Santiago, a quien poco después de sumaron el licenciado Alejandro del Castillo y el nunca bien ponderado “defensor de derechos humanos” (y muy amigo del dinero) Fernando Cuéllar. Después de formar la asociación civil y llevarse un buen billete en este procedimiento, estos dos últimos sujetos empezaron a acariciar la maliciosa idea de darle a ese predio un uso más redituable del que pretendían los socios, pero para eso era necesario deshacerse de José Gómez Santiago, por cualquier vía. Después de muchos conflictos provocados por sus “aliados”, Gómez Santiago tuvo que salir del mercado, momento que aprovecharon Cuellar y compañía para cambiar el comité de la asociación civil que presidía el “Olintla”; así, el promotor original del mercado popular, quedó definitivamente fuera de la asociación y desprestigiado.

Al regreso de su destierro, José se encontró con que ya no era presidente de la asociación, debido a las mañas jurídicas de Cuellar y colaboradores. Las que no habían cambiado eran las condiciones materiales y políticas del mercado; no sólo no habían mejorado, sino por el contrario, era un mercado francamente en ruinas y con una inconformidad soterrada de la inmensa mayoría de los locatarios, que vieron en el regreso de José la solución a su problemática.

Dándose cuenta del riesgo, Fernando Cuellar y compañía trataron primero de convencer a José de que se mantuviera al margen; cuando éste se negó, intentaron que desistiera de hacer el mercado y apoyara que el predio se destinara a construir condominios, lo que les traería mejores réditos económicos; ante la nueva negativa de José, se dieron a la tarea de denostarlo, marginarlo y amedrentarlo, por lo que éste reunió a la mayoría de los comerciantes y fueron a pedir el apoyo de Antorcha, que desde entonces se ha sumado a su peticiones.

Por eso, el Movimiento Antorchista, una vez más, pide que el gobierno estatal que intervenga, mediante una operación política urgente, para que a los justamente indignados comerciantes de San Diego Manzanilla, se les respete la propiedad del predio destinado a levantar un mercado -y que quieren arrebatarles para hacer negocios inmobiliarios-; que se les apoye para que trabajen en condiciones dignas y se les proteja de la extorsión y las agresiones de Cuéllar y su banda.

* Dirigente estatal del Movimiento Antorchista.

Lautaro Córdova

EN PUEBLA, CONFLICTO POR CONTROL DE MERCADO

Supuesto defensor de derechos humanos abusa de comerciantes.

Sin ton ni son. Así crece la ciudad de Puebla, pues los gobiernos municipales y estatales no tienen planes de desarrollo urbano. Si bien hace más de una década se creó un desarrollo denominado Angelópolis, que se convirtió en la zona “nice”, el resto de la capital ha recibido un trato de segunda.
 
Aquí primero se construyen viviendas y luego se piensa en el equipamiento urbano y las vialidades que conectarán a los asentamientos con el resto de la ciudad. Así que la urbanización queda a cargo de los vecinos que apenas tienen recursos para levantar sus viviendas.
 
Y esto, que parece cosa de nada, es el origen de muchas historias de traiciones, abusos, enfrentamientos a golpes, y abusos de parte de “gestores” y supuesto defensores de derechos humanos que se dedican a cobrar cuotas cuyo destino es incierto.
 
Era 2002 y un grupo de personas sin empleo decidió abrir un mercado en un predio adjunto a una zona habitacional en San Diego Manzanilla, una de las áreas populares de la ciudad de Puebla. Para instalarse signaron un contrato de compra-venta con el propietario, un ejidatario de nombre Francisco Portada.
 
Desde entonces, hubo enconos entre los locatarios por el control del mercado. Hace más de cinco años, las mujeres que decidieron buscar un lugar en el mercado de San Diego Manzanilla hablaban de la esperanza de tener suficientes ingresos para sacar adelante a los hijos.
 
Actualmente, los sueños parecen desvanecerse, pues los enfrentamientos han llegado a tal grado que varios locales han sido quemados, un trascavo entró a derrumbar un comercio, la oficina donde se resguardaba la documentación que daba cuenta de pagos y derechos fue saqueada, y una mujer fue atacada a martillazos.
 
Uno de los protagonistas de esta historia es Fernando Cuéllar Muñoz, quien se presenta como director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga, que si se rastrea en internet sólo aparece en dos diarios locales, pero no en páginas web de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos. Incluso, parece que tiene un solo integrante: Cuéllar.
 
La llegada de Cuéllar a San Diego Manzanilla fue a través de Alejandro del Castillo, quien se ocupó de asesorar legalmente a los locatarios con el contrato de compra al ejidatario.
 
José Gómez, uno de los fundadores del mercado, contó que ellos buscaron a Del Castillo para que hiciera los trámites legales, pero que él llegó acompañado de Cuéllar, quien ofreció su ayuda, pues en ese tiempo eran hostigados por líderes de comerciantes que controlaban el abasto en prácticamente toda la ciudad, como Antonio Ordaz y Martha Sánchez. Eran entonces 250 locatarios y había disponibles 967 lugares, pues el predio es de una hectárea.
 
Para 2004, Cuéllar dejó de apoyar al grupo de José Gómez y acordó con Andrés Carrillo nombrarlo presidente de la mesa directiva del mercado. Así que, el 26 de junio de 2004, quemó locales y saqueó la oficina donde estaban los documentos que acreditaba pagos por los predios, según denunciaron los seguidores de Gómez.
 
El origen
 
En 2002, cuando se fundó el mercado, los locatarios eran en su mayoría mujeres que buscaban hacer la “luchita”. Con madera dividieron sus puestos, colocaron hules e instalaron en cajas su mercancía.
 
Pensaban entonces que, en un par de años, el mercado tendría agua potable, drenaje y pavimento. Pensaban también que era suficiente con pagar sus cuotas para que en unos meses tuvieran un documento que las acreditara como dueñas del localito. Pensaban que la vida sería tranquila, aunque con pocos ingresos.
 
Pero la lucha por el control y las cuotas dio al traste con sus deseos. Hoy el mercado dista mucho de ser lo que pensaron. No hay agua potable, ni alcantarillado, ni pavimento. Lo que hay son amenazas, robos e incertidumbre.
 
Muchas son las que levantan la voz, porque ya están hartas de Cuéllar y Carrillo, que se han dedicado a hostigarlas para que se vayan, y es que dicen, quieren vender parte del mercado para que se construya un conjunto habitacional.
 
“Cuéllar presume que tiene muchas relaciones en el gobierno del estado y que está protegido por Javier López Zavala (ex secretario de Gobernación), viene con policías municipales y dice que nos va a correr, pero no nos vamos a ir, porque ya pagamos nuestros lugares”, dice una anciana.
 
Su enojo es reproducido por más de una treintena de mujeres que no tienen miedo a denunciar ante los medios de comunicación los atropellos de Cuéllar y Carrillo, a quienes hacen responsables de lo que pueda sucederles.

La crisis llegó a ser insoportable, así que los locatarios de San Diego Manzanilla que son lidereados por José Gómez pidieron apoyo a Antorcha Campesina, hecho que provocó enojo en Cuéllar, quien buscó a los medios de comunicación para denunciar una supuesta invasión del mercado.