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Antorcha 

 

 

Crímines contra el estado de Derecho

 

Aquiles Córdova Morán*

Yo, y muchos mexicanos más que escuchamos a diario a gobernantes de todo pelaje invocar, con cualquier pretexto, la Ley y el Estado de Derecho para exigir obediencia o para justificar, y aun glorificar, sus acciones de gobierno, estamos convencidos de que esa invocación, en boca de tales gentes, es sólo una frase hueca, totalmente vacía de contenido, para dar autoridad y legitimidad a algo que, por sí mismo, no tiene ninguna de ambas cosas. Dicho de otro modo: en México mucha gente está convencida de que el Estado de Derecho no existe, o de que se halla tan distorsionado y lastimado por quienes deberían garantizar su integridad, que es más una amenaza que una verdadera defensa para quienes necesitan de su protección. Y esta apreciación no es gratuita: se apoya en una reiterada comprobación de la corrupción que aqueja a nuestro aparato judicial, que casi nunca actúa por un verdadero espíritu de justicia, sino por el hambre de la recompensa que le ofrecen quienes tienen  suficiente dinero para comprar su favor. Y a esto habría que añadir los casos en que la vara de la justicia se tuerce por una consigna política, obedeciendo órdenes de los poderosos que la utilizan como garrote contra sus enemigos, o contra gente levantisca a la que quieren dar “un escarmiento”.


Ahora bien, la tradición jurídica de occidente, que arranca cuando menos del derecho romano, le da la razón a la percepción popular. Según ella, la disolución del Estado de Derecho no procede tanto de su violación y desobediencia por parte del ciudadano común y corriente, sino de su abuso, manipulación y prostitución por parte de los gobernantes, de los encargados de su oportuna y recta aplicación. Allí donde es el gobierno mismo el que transgrede el derecho, lo distorsiona y violenta para sus propios fines, el Estado de Derecho desaparece, se torna de defensa del ciudadano en  arma de la arbitrariedad y de la impunidad oficial. Algernon Sidney, un jurista ejecutado por el gobierno inglés en 1863, sostuvo en su momento: “No puede haber paz donde no hay justicia, ni justicia si el gobierno instituido para el bien de la nación se convierte en instrumento de su ruina”. Y John Locke, padre, junto con Hobbes y Montesquieu, del Estado democrático moderno, dijo: “Siempre que la ley acaba, la tiranía empieza, si es la ley transgredida para el daño ajeno; y (¡ojo!) cualquiera que, hallándose en autoridad, excediere el poder que le da la ley y utilizara la fuerza a sus órdenes para conseguir…lo que la ley no autoriza, cesará por ello de ser magistrado; y… podrá ser combatido como cualquier otro hombre que por fuerza invade el derecho ajeno”. Esta cita es particularmente notable no sólo porque finca la cesación del Estado de Derecho en el abuso del gobernante, sino porque justifica la rebelión popular en contra del déspota, cuando éste actúa como  “cualquier otro hombre que por fuerza invade el derecho ajeno”.


En el estado de Querétaro, el gobernador Francisco Garrido Patrón y su Secretario de Gobierno, el yunquista Alfredo Botello Montes, tienen encarcelada desde hace más de dos años a la Profesora Cristina Rosas Illescas, en abierta violación a la Constitución General de la República y al Código Penal del Estado, como lo demuestran los amparos que la justicia federal ha otorgado a la maestra y la recomendación que sobre el caso se permitió expedir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo inútil. A Cristina se le niega el beneficio de la libertad bajo caución, por temor, así lo dice la resolución del juez correspondiente, a que pueda reincidir en el delito que se le imputa. Garrido Patrón y Botello Montes, pues, tan desafiantes ante las voces que abogan por Cristina, temen a una débil mujer que tuvo el valor de encararlos en defensa de los desamparados. Bien dijo el que lo dijo: “Para el ratón no hay peor fiera que el gato”. Ítem más. En el contexto del injusto encarcelamiento de Cristina y de la lucha  por su libertad, el primero de julio del año pasado fue asesinado el joven de 23 años, Jorge Obispo Hernández, en el interior de su domicilio. El asesinato tuvo un claro sello yunquista no sólo por las circunstancias en que se cometió, sino también por los soeces y escalofriantes anónimos que se recibieron en la página web de Antorcha Campesina, días antes del crimen, y las amenazas posteriores, por Internet y por celular, a los líderes antorchistas y a sus pequeños hijos. Además, a un año de tan injusta muerte, el crimen sigue totalmente impune, prueba clara del poder de quienes lo ordenaron y de la impunidad de sus autores materiales.


Suma y sigue. El martes 26 de junio de este año, entró al correo electrónico de la señorita Magdalena Reséndiz Jiménez, hija del señor Pánfilo Reséndiz, preso más de dos años acusado de “cómplice” de Cristina, una nueva amenaza de muerte, “por ser la líder de los estudiantes revoltosos de Querétaro”. El miércoles en la madrugada entró otra amenaza a su teléfono, y el jueves 28, a eso de las cuatro de la tarde, un comando de tres sujetos allanó la Casa del Estudiante “José María Arteaga”, donde viven Magdalena y sus compañeros. Pusieron todo patas arriba, rompieron lo que pudieron y dejaron una nueva amenaza de muerte, esta vez manuscrita y dirigida a Magdalena y a dos varones, moradores de la misma casa. No hay duda, El Yunque de Querétaro vuelve a mover sus piezas para amedrentar a quienes demandan la libertad de Cristina y la solución a las peticiones de gente humilde del estado. La fecha escogida para reactivar el terror de estado indica que se busca darle mayor credibilidad a sus amenazas al aludir de manera subliminal al asesinato de Obispo, e inhibir, además, cualquier protesta organizada por Antorcha para recordar este aniversario luctuoso.


En Querétaro, pues, de acuerdo con Sidney y Locke, no hay Estado de Derecho. Garrido Patrón y sus secuaces lo han demolido violándolo y torciéndolo para lograr sus fines aviesos que, desde luego, no son los de la gente honrada y trabajadora del estado. La lucha en contra de esa caterva feroz y despótica es, por tanto, absolutamente legítima y necesaria, y los antorchistas la daremos sin falta, a pesar de amenazas y del riesgo que corre la vida de los dirigentes y sus familiares más cercanos. A partir de este momento, el Movimiento Antorchista Nacional hace directamente responsable al Gobernador de Querétaro, y a su Secretario de Gobierno, por lo que le pueda pasar a cualquier joven estudiante, o a cualquier líder antorchista, dentro y fuera de Querétaro. Y una vez más hacemos un respetuoso llamado al Presidente de la República, para que ponga un alto firme y definitivo al terror y la impunidad que han hecho nido en la tierra de la Corregidora, dañando de modo irreparable la credibilidad de las instituciones. Ahora, Señor Presidente; mañana puede ser tarde.

 

* Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional.

 


 

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