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Antorcha 

 

A MÁS RIESGO DE VIOLENCIA, MÁS DEMOCRACIA

 

 Aquiles Córdova Morán*

 

Ciertamente que nadie en su sano juicio puede aplaudir los recientes actos de sabotaje contra PEMEX, una de las pocas empresas que todavía podemos llamar nuestra y cuyos beneficios se aplican, en cierta medida, a remediar las grandes carencias populares. Nosotros, los antorchistas del país, nunca nos hemos arrogado el derecho de decir a los demás cómo tienen que pensar y actuar en tanto fuerzas políticas que aspiran a influir en la marcha de la nación; pero, por lo mismo, nunca hemos tenido empacho en declarar nuestro franco desacuerdo con el uso de la violencia por pequeños grupos radicales que pretenden, por esa vía, conseguir la emancipación de los oprimidos. Sostenemos que la liberación de los pueblos sólo puede ser obra de los pueblos mismos, educados y organizados; y que los actos heroicos de pequeñas vanguardias impacientes dañan, más que benefician, a ese noble e irrenunciable propósito. Pensamos que la tarea de hoy es ensanchar y perfeccionar la democracia de modo que quepa en ella, de pleno derecho, la lucha pacífica, civilizada y respetuosa de los demás, de quienes soportan todo el peso de la pirámide social sin disfrutar ninguno de los beneficios a que tiene derecho por desempeñar y soportar tan difícil como sufrido papel.


Me explico. Ya desde Juan Jacobo Rousseau se sabía que la democracia, como la definían y practicaban los griegos (un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo), era impracticable en las sociedades modernas simplemente porque el tamaño de las mismas hacía imposible que las masas ejercieran directamente el poder, es decir, que el pueblo se gobernara a sí mismo. Se vio por tanto la necesidad de un mecanismo mediante el cual, el titular originario del derecho a gobernar,  lo delegara en un círculo mucho más pequeño que ejerciera el poder en su nombre y en su beneficio. Así, el gobierno del pueblo y por el pueblo se transformó en el gobierno de una pequeña élite, pero, eso sí, libremente elegida por la mayoría. A tono con esto, se redefinió la democracia: ahora era (es) un régimen en el cual el pueblo elige libremente a la pequeña élite que lo gobierna. En este esquema resulta fundamental que la elección sea realmente libre, sin manipulaciones ni cortapisas, para que la gente se vea legítimamente representada en la élite gobernante y en sus acciones de gobierno.


Sin embargo, con el surgimiento de los partidos políticos a mediados del siglo XIX, apareció un elemento nuevo que se interpuso entre los electores y los elegidos. Con ellos, el pueblo no sólo ya no ejercía el poder directamente; tampoco podía ya elegir con entera libertad a sus gobernantes, sino que quedó constreñido a escoger entre el reducido número de opciones que le ofrecían los partidos. De aquí resultó que los gobiernos fueran cada vez menos representantes del pueblo y cada vez más representantes de los pequeños grupos de poder que controlan la estructura partidaria, es decir, fue creciendo con el tiempo el divorcio entre pueblo y gobierno. Este divorcio  ha adquirido un nuevo contenido en los últimos tiempos, por el hecho innegable de que la economía de mercado tiende, de modo natural e imparable, a la concentración de la riqueza en pocas manos, con el consiguiente empobrecimiento de la mayoría. Esta es una verdad científica fuera de duda: el capital es un excelente productor de riqueza, pero carece de un mecanismo automático para su justa distribución entre los productores de la misma.


En síntesis, pues, el desenvolvimiento económico y político del “modelo” actual ha generado dos desequilibrios fundamentales para la masa popular: libertad muy restringida para elegir a sus gobernantes y carencia casi absoluta de vías de acceso al bienestar material y espiritual, a cuya producción contribuye decisivamente. Así que la inconformidad y la protesta de los marginados no son fruto de la mente calenturienta de los profesionales del escándalo; tiene, por el contrario, objetivos justos y bien definidos, nacidos de su realidad cotidiana y firmemente concatenados el uno al otro: primero, mayor libertad política, mayor posibilidad de participación concreta en la vida y en el gobierno del país, con el fin (segundo objetivo) de alcanzar más bienestar, o, si se quiere, menos pobreza a través de una distribución más racional de la renta nacional. Todo tiene que comenzar, pues, por una mayor libertad de acción política de la masa. Y ya que ésta no puede conseguirse eliminando a los partidos y retornando a la democracia directa de los griegos, no queda otro camino que complementar la democracia electoral con el derecho de las masas a organizarse y a protestar, por todos los medios pacíficos a su alcance y compatibles con esta misma democracia, para llevar agua al molino de sus legítimos intereses. Ese es, como ya dije, el meollo de la lucha de los antorchistas.


En consonancia con esto, no tenemos duda de que, aun quienes protestan por caminos distintos a los nuestros, tienen una causa justa que perseguir en el fondo; que no son simples delincuentes ni deben ser tratados como tales; que no se debe actuar en su contra asumiendo que toda la culpa es de ellos y que el gobierno y sus simpatizantes están exentos de toda responsabilidad. En mi modesta opinión, los muy preocupantes sabotajes a PEMEX son una buena oportunidad para que el Presidente Calderón muestre verdadera estatura de estadista: que aplique con rigor, pero con justicia, la ley a los aspectos punibles de tan lamentables hechos, pero que reconozca al mismo tiempo lo que haya de cierto y de justiciero en sus reclamos y tome las medidas necesarias para ponerles remedio.

 

Lo peor que nos puede pasar es que el endurecimiento de los inconformes se responda con un endurecimiento, igual y de signo contrario, del gobierno; olvidando que éste tiene una gran deuda con los marginados que acaba de ser reconocida públicamente por el propio Presidente de la República. No se deben confundir sus métodos con sus causas. Un daltonismo político de esa magnitud terminará, tarde o temprano, en no ver la diferencia entre las acciones de protesta legítimas e ilegítimas de la masa y acabará convirtiendo a nuestra endeble democracia en una dictadura. Nada de eso. A un amago de mayor violencia se tiene que responder con un ensanchamiento de las libertades políticas y económicas de la gente, para desactivar a los acelerados. Lo otro es caer en el juego infernal de violencia que llama más violencia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?

 

México, D. F.,  a 11 de julio de 2007.

 

* Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional.

 

 

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