Antorcha


Aquiles Córdova Morán*


LOS GRAVES PELIGROS DE UN LEGALISMO HIPERTROFIADO

Yo no creo que alguien tenga dudas sobre la condena rotunda y el castigo ejemplar que merecen criminales torvos y deshumanizados, en un grado absoluto, como los que asesinaron tan injustamente al niño Fernando Martí y a la jovencita Silvia Vargas Escalera, dos crímenes, entre muchos más, que hoy por hoy estremecen la conciencia nacional. Pero, con todo lo difícil que resulte mantener la serenidad y un juicio claro en una atmósfera de ofuscación y rabia generalizadas, es un deber de los gobernantes, de los poderes legislativo y judicial, de los medios masivos de información y de sus grandes gurús con influencia sobre la opinión pública, hacernos comprender a todos que la cuestión no reside tanto en ver a quién se le ocurre la pena “más severa”, el castigo “más riguroso”, la legislación más enérgica, sino en determinar cuál o cuáles son las políticas más eficaces, más acertadas, mejor adaptadas a la naturaleza y a las causas profundas del problema, para garantizar, con su aplicación, los resultados satisfactorios que todos deseamos.


En mi modesta opinión, el error evidente que cometen las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes, los opinadores profesionales, sus medios respectivos y hasta las organizaciones ciudadanas nacidas al calor de la lucha contra el crimen, consiste en la actitud común de señalar como únicos culpables a los propios criminales, negándose a ver, a entender, que éstos, a su vez, también necesitan ser explicados si realmente queremos llegar a la raíz del problema. Con todo lo odioso y repugnante que nos pueda resultar un violador, un secuestrador que mutila, tortura y/o asesina a sus víctimas, resulta indispensable investigar dónde y por qué se formó, cuáles fueron las causas y las circunstancias precisas que determinaron su carácter y sus inclinaciones perversas, para aplicar allí, justamente sobre esos factores criminógenos, el remedio efectivo, la política correcta que evite la repetición del fenómeno. La tendencia espontánea (casi automática) de ver al criminal como principio y fin en sí mismo, como causa y efecto al mismo tiempo, es, además de un error lógico evidente, punto de partida para un tratamiento equivocado del problema, ya que quien piensa así, inevitablemente terminará identificando al enfermo con la enfermedad y concluirá, en consecuencia, que el remedio obvio es la eliminación de éste último. Inevitablemente caerá en el error de perspectiva que tan acertadamente refleja la sabiduría popular en el conocido adagio burlesco de “muerto el perro, se acabó la rabia”. Así se explican las ansias de muchos por restaurar la pena de muerte.


La misma discusión en torno a la propuesta del congreso de Coahuila sobre esta cuestión, está afectada del vicio lógico que identifica al crimen con el criminal. No es un problema de ética (como dice cierto senador perredista), ni es tampoco un problema de justicia inmanente (saber si ese tipo de criminales merece la muerte o no); se trata de un asunto mucho más práctico, aunque muchos no lo vean así: el de saber y demostrar fehacientemente que, aplicando la pena de muerte, se acabará, y en el menor tiempo posible, el espantoso delito de que venimos tratando, sin dejar a un lado la cuestión de si estamos preparados, como nación, para aplicar correctamente semejante castigo. En mi opinión, eso no es así. Estamos, más bien, ante un caso más de deformación profesional (propia de políticos, diputados, senadores, magistrados, ministerios públicos, abogados, jueces y medios informativos) de gentes que, obligadas por su quehacer diario, ven en la ley virtudes mágicas para resolver todos los problemas sociales, cualquiera que sea su naturaleza y gravedad. Estos actores políticos se han olvidado completamente, hasta llegar a considerarlo como una herejía de radicales trasnochados, que los males sociales tienen su raíz primera y más profunda en las relaciones económicas de una sociedad dada, en la forma en que dicha sociedad produce y distribuye la riqueza material entre todos sus miembros; y que es allí, precisamente, donde hay que buscar las causas y los remedios de última instancia para problemas que, una y otra vez, han probado su resistencia a todos los tratamientos convencionales.

 

Para mí no hay duda de que la causa principal del crecimiento explosivo de la delincuencia es el incremento concomitante de la pobreza entre los grupos marginados del progreso social. Por eso, mientras no se meta mano a esta cuestión básica, vamos a seguir compitiendo para ver quién encuentra el “castigo más severo” para los secuestradores; vamos a seguir pariendo engendros equívocos como la pena de muerte, creyendo, a pesar de los muchos siglos que hace que quedó demostrada su falsedad, que “muerto el perro se acabó la rabia”. Y no sólo eso; en caso de que los gobiernos se nieguen a implantarla, iremos cada vez  más allá, hasta llegar, como barruntan ya algunos analistas, a la perversa idea de que la sociedad está en su derecho, y aun en su deber, de tomar el problema en sus manos. Estaríamos (estamos ya, según algunos) a un paso de los “escuadrones de la muerte”. Y todos sabemos lo que eso significa: violencia indiscriminada, asesinatos brutales y crueles fuera de control, contra todo aquel que tenga la mala suerte de contrariar  a los “vengadores”, en primer lugar los enemigos ideológicos y políticos. Toda exageración, todo fanatismo engendra monstruos. La hipertrofia de la ley, la tendencia a elevarla a rango de remedio divino para todos los males, no es ni puede ser una excepción. Ya produjo la espantable iniciativa del Congreso de Coahuila; no hay por qué suponer que se detendrá allí. Más bien parece lógico y necesario que se dé el siguiente paso, la “justicia por propia mano” ante la incompetencia de la autoridad, es decir, los “escuadrones vengadores”. Y entonces sí, que Dios nos coja confesados.

 

*Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.

 




 
 

 

 
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