Antorcha 

A UN AÑO DEL ASESINATO DE JORGE OBISPO

Jorge Obispo Hernández, joven potosino de apenas 23 años, fue brutalmente asesinado en Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan, Estado de México, el día 1° de julio de 2006, víspera de la elección presidencial de ese año. Su asesinato no fue un crimen común y corriente; estuvo rodeado, antes, durante y después de cometido, de graves circunstancias de claro corte terrorista que, tomadas en conjunto, indican claramente que se trató de un crimen político. Veamos por qué.

Primero. Para la fecha en que Obispo fue asesinado, la profesora Cristina Rosas Illescas, líder Antorchista en Querétaro, llevaba ya más de un año injustamente encarcelada por órdenes directas del gobernador de ese estado, Francisco Garrido Patrón, y de su Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes. Por esa causa, y por la total falta de atención a las demandas de gente humilde y de la casa de estudiantes “José María Arteaga”, que solicitaba (y solicita) un modesto subsidio para subsistir, un grupo de colonos y estudiantes mantenían un plantón, permanente pero pacífico, frente a palacio de gobierno. Garrido y Botello, primero, respondieron con la represión policíaca directa y brutal, que no se detuvo ni siquiera ante las mujeres, los ancianos y los menores de edad. Con todos ellos arrambló varias veces la fuerza pública; hubo golpizas, secuestros expres, acoso sexual y detenciones temporales de cientos de manifestantes, entre los cuales figuran Julio César Medina Baltazar y Rigoberto García Arriaga, dos estudiantes que estuvieron presos más de un año “por haberle roto los lentes” a un policía. Pero los manifestantes no se doblaron.

Segundo. Ante el rotundo fracaso de la política del garrote, hizo su aparición el terrorismo cibernético. A la página Web de Antorcha Campesina comenzaron a llegar anónimos llenos de insultos de la más baja factura y de obscenidades que delataban la mentalidad psicótica de sus autores, los cuales contenían las más escalofriantes amenazas contra la vida de los principales líderes antorchistas así como el amago de “incendiar todas sus oficinas y sus sedes”, donde quiera que se encontrasen. El fundamentalismo religioso, de ultraderecha, de sus autores, así como su ideario fascista de control militar de la sociedad y de eliminación física de sus “enemigos” quedaba fuera de toda duda.

Tercero. Los antorchistas no se intimidaron y respondieron con la denuncia pública de las amenazas y con la exigencia de que las autoridades correspondientes investigaran su origen, castigaran a sus autores e intervinieran para poner en libertad a Cristina Rosas Illescas. Para ello, realizaron una magna concentración nacional, que reunió a más de 70 mil antorchistas en el zócalo de la Ciudad de México, el día 10 de junio de 2006. Allí denunciaron las amenazas de muerte, la política policíaco-represiva de Garrido Patrón y los atropellos a la ley para mantener presa a Cristina. El terrorismo cibernético, pues, había fracasado también.

Cuarto. Es en este contexto en el que ocurre el asesinato de Jorge Obispo Hernández. Fue el sábado 1° de julio a las dos y media de la tarde, es decir, a plena luz del día y a la vista de los vecinos. Los asesinos entraron forzando la puerta eléctrica que da a la calle, sin cuidarse del ruido que provocaba su maniobra; y lo mismo hicieron al volar las cerraduras de las dos puertas que dan acceso a la sala. Obispo no pudo  hacer resistencia y, a pesar de ello, sus verdugos hicieron seis disparos, provocando un ruido ensordecedor según testigos. De esos seis disparos, sólo tres impactaron a Obispo, los otros tres fueron hechos por los sicarios sólo para llamar la atención. Itém más: no se llevaron absolutamente nada; no movieron siquiera un jarrón o un libro; querían dejar claro que no entraron a robar sino a matar; y la calma y las pocas precauciones que tomaron prueban que sabían que había una sola persona. Tal información sólo se las pudo dar, o bien el espionaje oficial o bien la policía municipal, que conocía los movimientos habituales de la casa por tener un módulo permanente de vigilancia a pocos pasos de la misma. En abono de ésta  hipótesis, los policías de turno se negaron a prestar auxilio a la víctima, alegando que no tenían permiso para entrar en la casa, pero tampoco dieron parte al Ministerio Público, cosa que sí podían y debían hacer.

Quinto. Después del crimen, y para acallar las denuncias del antorchismo nacional, se recrudeció el terrorismo cibernético. Ahora, además de a la página de Antorcha, comenzaron a llegar insultos obscenos y amenazas de muerte para los líderes antorchistas y sus pequeños hijos, a través de teléfonos celulares y computadoras de varios jovencitos mientras “chateaban” con algún amigo. De estos hechos, del uso infame de la  religión cristiana, dimos parte al señor Cardenal Norberto Rivera Carrera pidiendo su intervención, quien, por fortuna, atendió nuestra respetuosa solicitud.

Sexto. Después de eso, las aguas parecieron calmarse. Pero al cumplirse dos años de la injusta prisión de Cristina y un año del asesinato de Obispo, el terror cibernético ha vuelto con mayor virulencia. Ahora las amenazas son contra Magdalena Reséndiz Jiménez, líder de la casa “José María Arteaga” y dos de sus compañeros varones. Esa misma casa, quizá para hacer más creíbles las amenazas, fue allanada por tres sujetos quienes, después de revolverlo todo, dejaron un mensaje escrito en su estilo sucio de psicóticos fanatizados, en el que reiteran sus amenazas. Los jóvenes, miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez (FNERR), realizaron una marcha nacional de 25 mil gentes en la capital del país, el 19 de julio, para solicitar al Presidente de la República ponga freno a Garrido y haga justicia a Cristina. En respuesta, se amenaza ahora, directamente, al Profesor Jerónimo Gurrola Grave, actual líder de Antorcha en Querétaro. Dos diputados panistas, Alejandro Straffon Báez y Eric Salas González, andan merodeando al líder y amenazan con desalojarlo de su casa y refundirlo en la cárcel con un delito prefabricado.

Por todo esto, hoy queda más claro que nunca que el asesinato de Obispo fue un crimen de Estado que puede repetirse en cualquier momento si no se castiga a sus asesinos. Apelamos al Procurador General de Justicia del Estado de México y al Gobernador, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que desatoren las investigaciones y se haga justicia verdadera. Si no, lo que pueda pasarle a otros inocentes será responsabilidad de quienes hacen de la ley, y del Estado de Derecho, letra muerta para la mayoría de los mexicanos.