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Antorcha


Aquiles Córdova Morán*


NUEVA Y SUCIA MANIOBRA PARA MANTENER A CRISTINA EN LA CÁRCEL

 

Aunque mi denuncia de la semana pasada en torno al caso Cristina Rosas Illescas salió a la luz pública cuando mi pronóstico era ya un hecho consumado y publicitado por los medios informativos del estado de Querétaro (esto porque escribo siempre con fecha adelantada dado el carácter semanario de mi colaboración), de todos modos logró su propósito de dejar claro que la información que di y la conclusión que saqué de la misma eran absolutamente ciertas y objetivas, es decir, que el juez octavo de primera instancia, José Antonio Ortega Cerbón, es un juez al servicio del gobernador Garrido Patrón y no de la justicia, y que la prisión de Cristina es una burda y criminal persecución política para acallar su voz y amedrentar a quienes quieran seguir su ejemplo. Quiero informar, de todos modos, ciertos detalles reveladores de la conducta del juez mencionado y poner de relieve cómo “dio cumplimiento” a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito que cité textualmente en mi artículo anterior.

 

El juez Ortega Cerbón siempre le estuvo negando a la defensa el acceso al auto del Segundo Tribunal de Circuito con el argumento de que no había llegado a sus manos. Cuando finalmente lo entregó, fue junto con la notificación de que lo había recibido el día anterior (jueves 13 de septiembre), que ya lo había estudiado y que ya tenía formulada su resolución, que era negativa por supuesto. Pero la defensa pudo constatar que el material  había llegado apenas aquella misma mañana (viernes 14), por lo que resultó evidente que no había habido tiempo suficiente para estudiarlo y mucho menos para meditar y redactar una negativa. De ello se desprende con toda claridad que la decisión de mantener a Cristina en la cárcel, tal como lo denuncié en mi artículo anterior, estaba tomada con toda anticipación, sin tomar en cuenta para nada los argumentos del Segundo Tribunal Colegiado.

 

El auto, como dije la semana pasada, ordena al juez de Primera instancia apoyarse en  argumentos totalmente distintos a los empleados en su primera resolución, en caso de persistir en su negativa, ya que éstos resultaban notoriamente “incorrectos”, o, en su caso, ordenar la libertad inmediata de la indiciada. Pero resulta que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en estricto derecho no tiene ya nada que ver en el caso, dijo a un periodista saber y estar seguro de que habría una segunda resolución negativa, aunque ahora mejor fundada que la anterior con argumentos sólidos y mejor calibrados. Y uno se pregunta: si tales argumentos existían y obraban ya en poder del juez desde su primera resolución, ¿por qué no los empleó en el primer momento? ¿Por qué usó “argumentos” que tanto el juez Tercero de Distrito como el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito hallaron “incorrectos” e insuficientes para fundar su negativa? La respuesta es obvia: porque tales pruebas nunca han existido; porque los argumentos “mejores” y “mejor fundados”  son un puro invento del juez Ortega Cerbón, que se los sacó de la manga para dar satisfacción a quienes realmente toman las decisiones en el caso Cristina: el gobernador Garrido Patrón y el secretario de gobierno Alfredo Botello Montes.

 

El argumento “nuevo” es que Cristina “amenazó de muerte” a sus acusadores. ¿Cómo lo demuestra el señor juez? Pues citando el testimonio de los acusadores, o, lo que es lo mismo, mediante el siguiente círculo vicioso: Para demostrar que Cristina realmente amenazó de muerte a sus opositores, se aduce como prueba, precisamente, la acusación que se trata de probar. ¡Viva la impecable lógica del señor juez! Pero hay más. Intuyendo lo deleznable de su razonamiento, el juez recurre al argumento “psicológico”, es decir, subjetivo que se le ordena desechar. Las amenazas son creíbles, dice, porque Cristina es una persona “con aspiración intelectual alta (¡Sic! Todas las variaciones del fascismo tienen en común su odio y su miedo a la inteligencia humana) que tiende a la impulsividad” (¿?¡!); porque presenta “hipersensibilidad a la opinión social” (¿a qué le llamará “opinión social” el juez?); porque es “renuente y con limitada tolerancia a ser cuestionada”; porque presenta un “limitado nivel de juicio heterocrítico en el abordaje y percepción de situaciones de la vida diaria”, y muchas  perlas más por el estilo. Además,  es “un peligro, tanto para la colectividad (?¡), como para los ofendidos indirectamente de la causa”, porque es dirigente de Antorcha Campesina y actúa bajo el amparo y la línea de esa organización, o sea que salen sobrando las pruebas sobre el carácter político de su encarcelamiento. En resumen, pues, el juez octavo incumple flagrantemente la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, razón suficiente para ser desechada por segunda vez.

 

Graves sabotajes a PEMEX tuvieron lugar en días recientes; y sus autores han dicho con toda claridad que es una manera, la única que les queda, de exigir y obtener justicia por la “desaparición” de dos de sus líderes históricos. O sea que la violencia  tiene su origen en la violación flagrante del Estado de Derecho por parte de los encargados de su custodia y aplicación. El Presidente Calderón ha pedido a los ciudadanos todos que condenemos el terrorismo como vía para obtener satisfacción a las demandas sociales, pero, curiosamente, no dice nada sobre quienes, con su actitud ilegal, soberbia y prepotente, alientan este tipo de respuestas desesperadas. ¿Es mucho, acaso, que la gente reaccione así cuando encuentra que los caminos de la legalidad están cerrados para ella? ¿Y no es ese, precisamente, el caso de Cristina? Si el presidente de la República quiere erradicar el mal de raíz, debe comenzar por eliminar sus causas y meter en cintura a los dictadorzuelos como Garrido Patrón. De lo contrario, los llamados a condenar la violencia se convierten en un intento por aplicarnos a todos la ley del embudo.


* Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional.

 


 

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